En un país con tanta desigualdad en el acceso a una educación de calidad, la PAES es sin duda un avance importante, pero no suficiente.
Hoy, miles de jóvenes recibieron las respuestas a sus postulaciones para ingresar a la educación superior, en base a sus puntajes obtenidos de la última y tranquila PSU de transición (PTU). Dentro de ellos, paradójicamente, se encuentra Víctor Chanfreau, el ex vocero de la ACES que encabezó el boicot a la PSU de 2019, que llevó a aplazarla en más de una ocasión y a suspenderla en más 67 sedes, dejando a casi 42 mil estudiantes sin poder postular a ningún centro de educación superior, siendo los más afectados aquellos de menos ingresos y de establecimientos municipales.
Tras años de críticas y manifestaciones -algunas inaceptables, como el complot mencionado-, la difamada “Prueba Segregadora Universitaria” ha sido reformada, por fin, dando con la nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). Esto, como respuesta al diagnóstico crítico relacionado a problemas de validez, brechas socioeconómicas y de género, y su baja capacidad predictiva, levantada hace tiempo por evaluaciones internacionales, como ETS (2005) y Pearson (2013).
Esta nueva versión busca descomprimir la sobrecarga de contenidos en el instrumento, incorporando la medición de competencias que permiten un mejor desempeño universitario y, por tanto, una menor deserción. Además, esta modernización debiese ser más equitativa en el acceso, pues disminuye la importancia de contar con los recursos para un preuniversitario, muchas veces tomados en etapas ridículamente tempranas, donde la memoria y las técnicas para responder en un tiempo acotado juegan un rol desproporcionado, pues al medir contenido no necesariamente se mide la capacidad para aprender, sino, fundamentalmente, el acceso que se tiene a saber cómo responder.
Ahora bien, aunque la prueba de admisión ha ido cambiando en el paso de casi dos décadas, el sistema aún no se adapta a los desafíos que han ido surgiendo, especialmente en cuanto al intacto NEM y ranking de notas. Inexplicablemente, en la reforma anunciada estos dos factores no fueron abordados, a pesar de que se ha evidenciado que la mayor ponderación de estos instrumentos ha incentivado la inflación de notas, cuestión que aumenta el sesgo socioeconómico -beneficiando a los estudiantes de establecimientos particulares pagados-, alterando aún más la fiabilidad del sistema.
Es imperativo modificarlos. El CEP muestra en una investigación reciente que podrían ser reemplazados por alternativas -de un costo relativamente bajo- que midan objetivamente el rendimiento de la trayectoria según el contexto de los estudiantes. Esto podría solucionar el problema anterior, para no perjudicar a los estudiantes de establecimientos con financiamiento fiscal en los programas de sus preferencias, cuestión que, según las proyecciones, puede beneficiar significativamente a los alumnos más vulnerables, incluyendo el acceso en los programas más selectivos.
En un país con tanta desigualdad en el acceso a una educación de calidad, la PAES es sin duda un avance importante, pero no suficiente. Ojalá no esperemos fallarle a otras 20 generaciones, especialmente considerando que con la inflación de notas ya hay varias que quedarán varadas en el camino.
