Aunque sea obvio, nunca está de más repetirlo: el exitoso sistema económico que nos está llevando al umbral del desarrollo es muy vulnerable a las presiones políticas.
Por un lado, están los grupos de interés, sean empresariales o sindicales, que, a lo que dé lugar, buscan expandir sus cuotas de poder. Baste ver la acción en estos días de los sindicatos del cobre, o la de los grupos corporativos que lograron que el Gobierno «congelara» parte de la Agenda de Impulso Competitivo que impulsaba el entonces ministro de Economía. Los políticos se achican ante estos grupos, por su capacidad de movilización, o porque algunos de ellos son una importante fuente de financiamiento para los partidos, lo que es decidor en un país donde los partidos, peligrosamente, no cuentan con fondos de fuente independiente.
Por otro lado existe entre los políticos la creencia, muchas veces errada, de que para ser elegidos, o para ser populares mientras gobiernan, necesitan ser más y más dadivosos, lo que redunda en una inflación del gasto fiscal.
En Chile hoy la tentación populista acecha como nunca, por varias razones. Una es el alto precio del cobre, que abre los apetitos y nos hace creernos mucho más ricos de lo que somos: como hace 100 años con el salitre, nos vamos olvidando de los ciclos económicos. Enseguida está el hecho de que, gracias a los medios sociales, se ha vuelto fácil sacar a la gente a la calle. Eso tiene a los políticos muy nerviosos. No se dan cuenta de que protestas convocadas con tanta facilidad son por definición efímeras. No entienden que el genio del internet está en su capacidad para convocar intereses minoritarios. Los grupos que salen a la calle por esta vía no sólo representan a una ínfima parte de la población: sus intereses no son compatibles entre sí.
¿Cómo evitar que, al querer satisfacerlos, los políticos nos conduzcan a un pantanoso laberinto de medidas contradictorias, del cual sea después difícil salir? Por otro lado, ¿cómo hacer para que no abandonen la responsabilidad fiscal? Fortaleciendo, creo yo, las instituciones que velan por la sustentabilidad de nuestras políticas económicas. Felizmente ya tenemos un Banco Central autónomo que nos garantiza una política monetaria sensata. ¿Qué más necesitamos?
Hace poco estuvo en el CEP Gary Banks, el presidente de la Comisión para la Productividad de Australia. Ésta es una entidad estatal, transversal y autónoma, que asesora al gobierno de turno en el diseño de políticas públicas. Su mandato incluye el de «mejorar la productividad y el desempeño de la economía», pero también el de «reconocer el interés de la comunidad en general y el de todos aquellos que podrían ser afectados por sus propuestas». Con ese espíritu, esa comisión obtiene inmensos aumentos en la productividad del país y, a pesar de enfrentarse a intereses creados, logra que cada una de sus propuestas tenga una amplia aceptación. Es fácil imaginar lo que podríamos lograr en Chile si tuviéramos una comisión similar.
Hay también otra idea, más fácil de implementar en el corto plazo. La sugiere un comité asesor al ministro de Hacienda que presidió hace poco Vittorio Corbo. Consiste en crear un Consejo Fiscal, transversal y autónomo, para monitorear la implementación de la regla fiscal. En el gobierno de Lagos se institucionalizó el concepto de balance estructural. En el de Bachelet, se crearon los fondos soberanos para captar los ahorros correspondientes. El de Sebastián Piñera podría ahora culminar el proceso con la creación de este Consejo Fiscal. ¿Qué mejor manera de contestarles a aquellos que temen que tras los últimos cambios de gabinete se produzca un peligroso vuelco populista?
