Históricamente, la regulación de la TV en Chile es el triunfo del statu quo. Cada ley dictada (en 1970, 1989 y 1992) ha formalizado el estado de cosas vigente. Comprensiblemente, los propios canales han sido los más interesados en que esto sea así.
La ley de TV vigente, de 1992, formalizó el statu quo, introduciendo una discutible distinción. A los canales establecidos a la fecha, les regaló concesiones indefinidas por ley. Las concesiones dadas con posterioridad, en cambio, duran 25 años y son administrativas. En Santiago, los canales favorecidos son el 4, 5, 7, 9, 11 y 13.
Hoy, cuando empieza a discutirse la TV digital, los canales quieren volver a formalizar el statu quo. Esto se ve en el estándar técnico que proponen: el norteamericano de alta definición. Si bien la calidad de imagen que ofrece es óptima, tiene un problema: requiere todo el ancho de banda que los canales usan hoy. De adoptarse este estándar, mejorará la calidad de imagen, pero el número de señales y la forma de hacer TV seguirán iguales. Y el espectro radioeléctrico que hoy usan seguirá atado a ellos.
Esto sería aprovechar la tecnología digital en el mínimo, pues ella no sólo mejora la calidad de imagen y sonido, sino que también facilita la interactividad y, sobre todo, un uso más racional del espectro. Los demás estándares disponibles permiten esto, ya que, entre otras cosas, necesitan menos ancho de banda. Y todos con una calidad de imagen y sonido mejor que la analógica actual.
Al pedir alta definición, los canales dan a entender que no les interesa la interactividad, sino, más bien, acaparar espectro y dificultar la entrada de nuevos operadores. ¿Qué debe hacer la autoridad? Poner en un platillo de la balanza la alta definición y, en el otro, la posibilidad de liberar espectro para interactividad, nuevos servicios y operadores. De seguro, el interés público la inclinará hacia este último.
Quizás, antes que decidir el estándar, la autoridad debería fijar el ancho de banda estrictamente necesario para transmitir una señal digital abierta de calidad normal. Las actuales concesiones indefinidas seguirían sobre ese espectro reducido. Pero el resto podría ser licitado entre los mismos canales, empresas de telecomunicaciones, consorcios entre ellos, etc.
Esta alternativa aprobaría el test de eficiencia de Pareto: el público aumenta su utilidad al recuperar parte de un recurso valioso, como el espectro, y los canales no disminuyen la suya, al conservar la señal abierta que la ley les regaló.
