Los productos de algunas de las comisiones “ciudadanas” convocadas por este Gobierno son proyectos de ley o están próximos a serlo. ¿Qué destino tendrán? Difícil saberlo, ya que uno de los lugares comunes de nuestra cultura política, la fortaleza pétrea del presidencialismo, tiene algo de mito.
No obstante estar comprometido con un proyecto y contar con mayoría en ambas cámaras, el Gobierno carece de mecanismos formales para alinear a los parlamentarios de su coalición. De ahí tanto díscolo suelto y tanto coqueteo con la oposición. En la práctica, el presidencialismo no es tan fuerte como parece.
Ese futuro incierto hace volver a preguntarse sobre la forma de hacer política legislativa que las comisiones representan. Es preocupante. No por las personas que las integran, obviamente, que suelen ser competentes y bien intencionadas, sino porque reflejan un cierto déficit institucional de la democracia representativa.
Las cuestiones de las que se ocupan, como educación, justicia social o previsión están, o deberían estar, en el núcleo del debate parlamentario. Pero Gobierno y Congreso no se abocan directa e inmediatamente a ellas, a pesar de su urgencia social. ¿Por qué?
Un amigo con quien trabajo, integrante de comisiones y lúcido como pocos, me dijo que ellas sirven para allegar conocimiento a la política. Es verdad: han reunido a expertos de primer nivel, quienes, de otra manera, probablemente no habrían tenido oportunidad de aportar lo que saben. Pero esta evidente utilidad revela, paradójicamente, un déficit institucional.
Pareciera no haber una conexión suficiente entre política y conocimiento. Como colegislador, el Gobierno tiene una cierta capacidad instalada sectorialmente. En el Congreso falta, no obstante las audiencias en las comisiones, los esfuerzos de su biblioteca, los fondos para asesorías y el trabajo de los centros vinculados a los partidos. ¿Cómo mejorar esa conexión?
Gran Bretaña ofrece una alternativa: la práctica de los “green y white papers”. Antes de iniciar una reforma, el Gobierno avanza sus ideas y recoge las reacciones del público. Procesada esta información, envía su propuesta legislativa. En Chile se está haciendo algo parecido mediante consultas públicas en algunos sectores, por ejemplo, en telecomunicaciones.
Así, se tiene el beneficio de las comisiones al aprovechar el conocimiento disperso en la sociedad, sin el riesgo que envuelven los intereses corporativos y el paralelismo a la democracia representativa. Pero, claro, esto impone al Gobierno un reto mayor: tener ideas desde las cuales partir.
