El proceso de descentralización en curso tiene sentido en la medida de que el gobierno central transfiera aquellas facultades y competencias que tengan una lógica metropolitana o regional.
El domingo anterior, un gran número de santiaguinos tuvieron muchas dificultades para acceder al transporte público y llegar a sus locales de votación. A raíz de esta situación, distintas autoridades del gobierno central fueron cuestionadas y debieron dar explicaciones. Esta situación es habitual: cuando se producen problemas graves en la movilidad de nuestras ciudades, la atención se dirige al ministro de Transportes. En este contexto, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció que solicitará al presidente electo, Gabriel Boric, el traspaso de competencias en materia de transporte público. Así, propone que el Gobierno Regional Metropolitano sea la institución responsable de planificar, invertir y gestionar la movilidad del Gran Santiago.
Esta idea, que supone una transformación significativa de nuestra gobernanza de transporte, es conveniente y necesaria por diversas razones. La más importante es que las autoridades regionales tienen una mayor proximidad al territorio que el gobierno central, lo que favorece el conocimiento de las diferentes realidades y vínculo con la ciudadanía. La descentralización del transporte público podría mejorar cuestiones como la resolución de emergencias, la relación y participación de los municipios y organizaciones sociales y la rendición de cuentas.
La administración del transporte público a nivel regional puede favorecer también una planificación y gestión integrada de nuestras ciudades. Actualmente nuestra política urbana, habitacional y de movilidad es profundamente sectorial, donde cada ministerio y sus múltiples agencias públicas están preocupadas del cumplimiento de sus propias metas y objetivos específicos. Desde los GORE existen mayores oportunidades para coordinar las decisiones sobre el transporte público con la planificación de los usos de suelo, la política habitacional o la inversión en infraestructura. Se podría, por ejemplo, planificar conjuntamente el diseño de la red de transporte con el nuevo Plan Regulador Metropolitano de Santiago.
Por cierto, una medida como ésta requiere ser estudiada seriamente. La transferencia de las responsabilidades debe estar acompañada de suficiente financiamiento y equipos técnicos. Para que sea efectiva, también debiera transferirse no solo la administración de la red de buses, sino que también de otros modos (Metro, modos no motorizados) y otras dimensiones de transporte y movilidad (gestión de la demanda, vialidad, seguridad vial, tarificación, entre otras). Es necesario que este proceso se realice de forma responsable, cuidando la calidad del servicio de nuestra red de transporte público.
En definitiva, el proceso de descentralización en curso tiene sentido en la medida de que el gobierno central transfiera aquellas facultades y competencias que tengan una lógica metropolitana o regional. El transporte público es una de ellas y por ello se justifica la solicitud de Claudio Orrego. Este podría ser un primer paso, que luego se replique en otras áreas metropolitanas y regiones del país, y también con otras competencias urbanas y habitacionales. Y como dice la legislación vigente, en estas materias, la última palabra la tendrá el próximo Presidente de la República.
