Mi mensaje es que las herramientas conceptuales disponibles para sustentar la política pública deben guiar, más que prescribir, las decisiones de la autoridad.
Cuando un economista habla, comúnmente resuena certeza. Pero la realidad es que en materia de explicaciones, y aún más de pronósticos, la puntería de la economía es limitada. Por eso el chiste: «¿Cómo sabemos que los economistas tienen sentido del humor? Le ponen decimales a sus proyecciones.» Concretamente, el último Informe de Política Monetaria del Banco Central muestra el grado de incertidumbre que puede acompañar a las predicciones económicas. La autoridad monetaria espera que, con un 90% de probabilidad, a fines del próximo año la inflación se ubique entre 1% y 5% y el crecimiento entre 1% y 8%.
Ciertamente, estos intervalos son más amplios que los que el mercado está dispuesto a comprar, pero su bajo nivel de certeza es, dado el estado del arte, lo que la disciplina económica puede ofrecer. Por ello, resulta insustancial la crítica reciente al desempeño del Banco Central, al intentar suavizar lo que resultó ser el cuatrienio con menor crecimiento en Chile desde inicios de los años 80. Varios economistas han señalado que éste debió reducir su tasa de política monetaria hasta un 2%, en vez del 2,5% actual, en que está desde abril de 2017. Quizá tienen razón, y quizá no. Veamos por qué.
Hay bastante acuerdo sobre la conveniencia de aplicar reglas en lugar de políticas discrecionales al implementar la política monetaria. Y la regla más utilizada, creada por el académico de Stanford John Taylor, describe la tasa de instancia mediante una ecuación definida por las desviaciones entre la inflación efectiva y su meta -un 3% en Chile-, y entre el producto efectivo y el coherente con una inflación estable, o potencial. Estas desviaciones sugieren, dados ciertos ponderadores y una tasa de interés real de equilibrio, la tasa de política adecuada en cada momento del tiempo, recomendando subirla cuando la inflación está sobre su meta o la brecha del producto es positiva, y bajarla en caso contrario.
Pero en la práctica, la implementación de esta regla no es trivial. Desconocemos con suficiente certeza la tasa de interés real de equilibro y el producto potencial en Chile, también el valor de los ponderadores que determinan el monto de los cambios en la tasa de política recomendados para las desviaciones previas.
Por ejemplo, el año pasado el Comité de Expertos que convoca el ministerio de Hacienda ubicó el crecimiento de largo plazo en un promedio de 2,6%, pero con estimaciones individuales que se apartaron en casi dos puntos porcentuales. Estos valores extremos por sí solos bastan para justificar, utilizando los parámetros recomendados por Taylor, una reducción o un aumento de 50 puntos base en la tasa de política, dependiendo de quién tenga la razón.
Mi mensaje es que las herramientas conceptuales disponibles para sustentar la política pública deben guiar, más que prescribir, las decisiones de la autoridad. Y es que existe en los hechos un espacio amplio para las opiniones, incluso en materias evidentemente técnicas, como es la política monetaria. Lo crucial es evitar políticas con beneficios inmediatos, pero costosas luego, como sería, por ejemplo, una política monetaria demasiado expansiva. Por ello, un Consejo en el instituto emisor integrado por personas con distintas visiones y uniformemente reconocidas por su expertise, es el mejor seguro para una tarea bien hecha. Hasta ahora, en base a las expectativas de los analistas, la decisión de mantener la tasa ha sido aprobada por el mercado.
