Existe consenso en que los principales desafíos de nuestro sistema escolar son mejorar su calidad, equidad e integración social. Sin embargo, es difícil lograr avanzar en cada uno de estos frentes si erramos en el diagnóstico. Un diagnóstico acertado logra no sólo identificar los principales problemas, sino también ordenarlos según su nivel de prioridad. Para este ejercicio resulta fundamental conocer en detalle el estado de nuestro sistema educativo, las tensiones que existen entre los diferentes principios que lo subyacen y cómo el sistema y las tensiones han ido evolucionado en el tiempo.
Actualmente, el principal problema que enfrenta la reforma educacional del gobierno no es la falta de un diagnóstico compartido, sino la ausencia de uno. De ahí la falta de una carta de navegación clara y la errática actuación de las autoridades. Una reforma de la envergadura que se ha propuesto llevar adelante esta administración debe superar los eslogans y las múltiples falacias que hoy circulan en la esfera pública y construirse a partir de un diagnóstico exhaustivo. Para esta tarea, que debiera ser la primera de todas, se requiere un rico intercambio de ideas, donde los diferentes puntos de vista puedan ser contrastados y así ganar claridad sobre los principales nudos de nuestro sistema, identificando cuáles responden a cuestiones ideológicas y cuáles a cuestiones instrumentales; ámbitos hoy confundidos.
El acceso a la educación obligatoria es lo primero que un Estado debe garantizar a sus ciudadanos. En Chile la educación obligatoria comprende desde kínder hasta cuarto medio, con una cobertura prácticamente universal hasta octavo básico. En enseñanza media la tasa de cobertura alcanza hoy el 85% y la tasa de graduación de enseñanza media en jóvenes menores de 25 años es de 79%, mayor que el promedio de los países de la OCDE y considerablemente superior a la de Argentina y Brasil, cuyas tasas bordean 41% y 55%, respectivamente. Ahora bien, una vez cubierto el acceso a la educación se debe buscar asegurar calidad y equidad. Entre todos los países latinoamericanos que rindieron la prueba PISA Chile obtuvo el puntaje más alto en la prueba de matemática y lectura, sin embargo, todavía se encuentra muy por debajo del desempeño promedio de los países de la OCDE, aunque en los últimos 12 años ha logrado avances importantes.
Si observamos el rendimiento entre los diferentes grupos socioeconómicos, advertimos que nuestro país es altamente inequitativo, considerablemente más que Colombia, Brasil y Argentina, aunque relativamente similar a Hungría, Francia y Uruguay (claro que con más de 16 puntos porcentuales de cobertura que los países latinoamericanos, que se explica por nuestra mayor capacidad de darle educación a alumnos vulnerables.) Mientras uno de cada dos alumnos de nivel socioeconómico bajo de 4° básico obtiene un resultado insuficiente en la prueba SIMCE de matemática, sólo 1 de cada 10 niños en el nivel socioeconómico alto se encuentra en esta situación. Estas diferencias que son consecuencia de la cuna se manifiestan tempranamente. La prueba de comprensión de lectura que se toma a los siete años reveló que ya a esta edad existen enormes diferencias en las habilidades cognitivas marcadas por el origen socioeconómico. Esta situación es inaceptable y precisamente aquí radica la prioridad del país: elevar la calidad de la educación de los más vulnerables; sólo así podremos alcanzar una sociedad más libre y justa.
¿Qué nos dice la literatura? Esta nos señala que uno de los instrumentos más efectivos para la lucha contra la desigualdad educativa es la educación parvularia. En el gráfico a continuación observamos la tasa de retorno que tiene la inversión en educación a lo largo de la vida de una persona según su nivel socioeconómico. El eje vertical representa la tasa de retorno y en el eje horizontal las etapas de vida educacional de una persona.
En el gráfico se aprecia que la inversión en los primeros años de vida de una persona es la que rinde más frutos y que a medida que pasa el tiempo los beneficios van decreciendo. Pero también nos muestra, que la inversión que se hace en la primera infancia beneficia más a las personas de nivel socioeconómico bajo, mientras que la inversión en la educación superior beneficia más a las personas de nivel socioeconómico alto.
Actualmente, la cobertura de la educación parvularia en Chile es inferior a la cobertura alcanzada en educación superior. Además, los estudios de calidad muestran que ésta es baja. Es verdad que faltan más estudios que precisen estos resultados, pero atendiendo a estos antecedentes resulta prioritario ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación parvularia. Antes de asegurar gratuidad universal en la educación superior, deberíamos hacerlo en el nivel pre-escolar.
En segundo lugar, debemos fortalecer el sistema escolar en su conjunto, que es la segunda etapa más importante en la formación de una persona. Los dos factores al interior de una escuela que más influyen en los aprendizajes de los niños son los profesores y directores. Requerimos una carrera docente atractiva, que atraiga a personas altamente capacitadas y con vocación a esta profesión, especialmente a las escuelas más vulnerables, y directores con las atribuciones necesarias para poder dirigir las escuelas con liderazgo. Para ello se debe, entre otras cosas, mejorar el sistema de financiamiento, inyectando más recursos y de forma más equitativa, de manera que los niños cuenten con los recursos necesarios para recibir una educación de calidad sin importar la capacidad de pago de sus padres. Por último, se necesita una nueva institucionalidad para la educación pública, que logre responder de forma oportuna y adecuada a las demandas de la comunidad.
Así, el grueso de los recursos de la reforma tributaria debería destinarse a estos ámbitos con foco en los niños y jóvenes más vulnerables. Paradojalmente, mientras hoy se discute cuántos años de educación superior serán gratuitos, cuyo costo se estima entre 3 y 5 mil millones de dólares anuales, y la compra de infraestructura con un costo de 5.000 millones en régimen, el gobierno ha anunciado una inversión de sólo 450 millones de dólares para la educación parvularia y un poco más de 900 millones de dólares para la educación escolar. Todavía el Ejecutivo está a tiempo de reinvertir las prioridades, si de verdad desean avanzar en justicia social.
