No se ven razones para oponerse, salvo que se modifique la regulación televisiva.
Como cualquier medio estatal, Televisión Nacional (TVN) ha tenido siempre una relación difícil con la política, en especial frente a las elecciones. Suele oírse que el canal nació con la primera Ley de Televisión, en 1970. Sin embargo, fue fundado en enero de 1969, como sociedad de responsabilidad limitada. Los socios fueron la Corfo, Chile Films y Entel, empresas en las que el Gobierno tenía gran influencia.
Lo curioso es que el propio Gobierno preparaba una ley para la televisión que buscaba, precisamente, fundar un canal estatal. Pero no esperó la discusión parlamentaria y se precipitó a formar esa sociedad comercial privada. ¿Por qué? Por las elecciones que se acercaban. Así, cuando empezó la campaña en 1970, TVN ya operaba. La propaganda oficialista fue intensa, y algunos recordarán dos imágenes que hicieron época: el acto de cierre de la campaña de Alessandri semivacío, pues se grabó antes de que empezara, y un primer foco de sus temblorosas manos.
Entre 1970 y 1973, TVN fue básicamente del Gobierno. Los espacios para la oposición fueron mínimos, y los noticieros, siempre oficialistas. El canal fue cogido por la vorágine política, como lo sugiere un hecho dramático: Augusto Olivares, presidente del canal y amigo de Allende, se suicidó horas antes que éste, en La Moneda.
Después del 73, TVN fue fagocitada por el régimen. Basta recordar la patética parcialidad de «60 Minutos», los detenidos por la CNI confesando delitos en pantalla con rastros de tortura, o las transmisiones mudas de la visita del Papa. En 1990 era una completa ruina: desprestigiado y con deudas imposibles, listo para privatizarse.
Es comprensible, sin embargo, que en ese incierto momento la Concertación no lo haya hecho. Pero para conservarlo debió negociar una ley, que en 1992 condenó al canal a un artificioso consenso entre las fuerzas del Senado, cuyas «cuotas» en el directorio se negocian secretamente. El arreglo pareció funcionar: el canal recuperó su credibilidad y finanzas, y se transformó en referente. Pero hoy ya no funciona, pues el forzado consenso se ha convertido en un pesado lastre, y la competencia crece.
¿El minuto de venderlo? Difícil pregunta. En principio, el Estado no debería tener medios de comunicación, y menos uno que no se distingue de los privados. Podría hacerse una licitación sensata y venderse antes de que la parálisis baje más su precio.
Si no se quiere ir tan lejos, la única alternativa es una nueva regulación, para la que hay un modelo interesante: el Canal 4 británico, una antena que licita sus programas entre productoras independientes. Es un modelo descentralizado, que aprovecha el talento diseminado en la sociedad. Tiene publicidad y un piso mínimo del fisco. Esto le ha permitido innovar, y ha sido exitoso. En Chile, ese piso podría venir de lo que se gasta en la burocracia del Consejo Nacional de Televisión.
Se necesitaría otro directorio. Por ejemplo, uno designado por el Senado y el Gobierno en forma pública, y en parte por la Alta Dirección Pública. Lo importante es evitar el cuoteo que asfixia y hace pasar vergüenzas que, como el ridículo veto a «The Clinic», revelan mala administración y peor sentido del humor.
