Hoy la mayoría busca terminar con el aporte de las personas jurídicas a las campañas electorales. El grueso de la opinión pública se ha dejado deslizar por una pendiente en la cual la relación entre la política y las personas jurídicas se ha vuelto un pecado. Uno que hay que redimir con el castigo de la prohibición.
Sin embargo usted, lector, es una persona que no se deja llevar tan fácilmente por el viento de los titulares, de las opiniones culposas ni de las certezas que se dejan caer en lápidas de 140 caracteres. Usted es un poco escéptico, toma distancia de la marea y piensa.
Usted sabe que en muchas democracias más antiguas y profundas que la nuestra, las personas jurídicas -incluso con fines de lucro- pueden aportar a las campañas. Usted sabe, también, que los escándalos de hoy no tienen que ver con el hecho de que las personas jurídicas puedan hacer aportes electorales, sino con el hecho de que algunas optaron por caminos irregulares para hacerlo.
Y se hace una pregunta básica: ¿por qué nadie quiere prohibir los aportes de las personas naturales a las campañas, pero sí los de las jurídicas? Busca entonces a un prohibicionista para averiguarlo.
El prohibicionista le contestará que las jurídicas tienen “intereses”. Bueno, piensa usted, pero las naturales también los tienen y nada asegura que sean más virtuosos que los de las jurídicas. El prohibicionista retrucará: es que la propiedad de las empresas está muy concentrada en Chile, lo que contradice la igualdad de la democracia. Bueno, piensa usted, pero la propiedad también está concentrada en relación con las personas naturales y nadie ve sus aportes como un atentado a la democracia. El prohibicionista volverá a la carga: es que las personas jurídicas pueden hacer aportes muy grandes, con peligro de corromper. Bueno, piensa usted, pero hay personas naturales que también los podrían hacer, el punto aquí es fijar límites razonables para unas y otras.
Medio acorralado, el prohibicionista sacará su golpe definitivo: las personas jurídicas no votan, las naturales sí. Ah, piensa usted, pero las personas jurídicas no van a clases y pueden hacer aportes a la universidad en que enseña mi contendor en esta página, o al centro de estudios en que yo trabajo sin poder leer ninguna de sus publicaciones. No es lo mismo, lo corregirá seriamente el prohibicionista, porque una cosa es aportar a la educación o a la cultura, y otra muy distinta a quienes dictarán las leyes, porque pueden influir indebidamente en ellos.
El prohibicionista creerá haberlo mandado a la lona. Pero usted piensa que los aportes de las personas naturales también pueden influir indebidamente en quienes dictan las leyes. La cuestión es diseñar mecanismos para que esto no ocurra, lo que vale igual para los aportes de todas las personas, naturales y jurídicas. ¿Por qué, entonces, se permiten los primeros y se quieren prohibir los segundos?
Puesto de vuelta frente a la pregunta inicial, el prohibicionista tendrá dos caminos. O concluye que hay que prohibir todo aporte privado a la política, incluyendo el de las personas naturales; o le confiesa a usted que quiere prohibir el de las jurídicas por prohibir.
Ambos caminos son duros. El primero, porque en general vemos un valor en el financiamiento mixto de la política, pues nadie parece querer estatizarlo completamente. El segundo, porque prohibir por prohibir es irracional.
Lo más probable es que su interlocutor no diga nada, se dé media vuelta y lo deje solo. Y usted pensará lo caro que cuesta el escepticismo en tiempos de gregaria beatería.
