La ley sobre financiamiento a la política cambió drásticamente las campañas electorales. Es un agrado caminar por las calles de la ciudad y no ver prácticamente ningún cartel, las avenidas están despejadas y uno ni se entera de que en unas semanas hay elecciones municipales.
La nueva ley restringe el uso del espacio público para propaganda política. Se reduce el tamaño de los carteles y los lugares donde pueden ser colocados. El espacio público queda así protegido de la política y ésta relegada a un rincón.
Pero ahí está la trampa y el peligro de esta nueva ley. La democracia tiene al menos tres condiciones de posibilidad: que cualquier ciudadano pueda postular a un cargo de elección popular, que los ciudadanos puedan elegir directa o indirectamente a sus representantes y que los postulantes estén en igualdad de condiciones para competir. Este tercer principio está en peligro.
El factor que más incide en la elección de un candidato es el grado de conocimiento que tienen los votantes sobre él. Así, su principal tarea es darse a conocer y eso cuesta tiempo y dinero; dos elementos que la actual ley restringe.
Mientras las autoridades en ejercicio cuentan con recursos para estar presentes en su territorio durante los años que dura su período, los desafiantes sólo tienen un mes para hacer propaganda electoral. Además, la actual ley reduce casi a la mitad el gasto en propaganda electoral. Esta medida tiene una alta aceptación entre las personas, pues parece absurdo, incluso inmoral, gastar cuantiosos recursos en una campaña política. Pero entre menos dinero puedan gastar los candidatos en sus campañas, menos posibilidades tienen los candidatos nuevos de darse a conocer. La nueva ley no sólo reduce los montos máximos que se pueden gastar en una campaña, también restringe las fuentes de financiamiento. ¿De dónde van a sacar recursos los nuevos candidatos, si el Estado sólo financia una parte mínima y las empresas no pueden donar? Es verdad que permitir la donación de empresas conlleva problemas, pero más graves son los problemas que trae consigo dejar sin financiamiento a la política. Este problema se vuelve más crítico aún cuando los territorios aumentan su tamaño. Las nuevas circunscripciones para diputados y senadores cubren un territorio más extenso, de manera que el costo de hacer campaña es mayor.
Por último, la nueva ley restringe el uso del espacio público para propaganda política. Se reduce el tamaño de los carteles y los lugares donde pueden ser colocados. El espacio público queda así protegido de la política y ésta relegada a un rincón, que nadie ve. Nuevamente, más ventaja para las actuales autoridades, menos democracia para Chile.
La ventaja con que corren las actuales autoridades de elección popular, junto con las restricciones al acceso de información, tendrá como consecuencia un debilitamiento de nuestra democracia. Quienes pensaron fortalecer la política con esta ley, en los hechos la terminarán matando.
