La batería de propuestas que entregó el panel de expertos para fortalecer la profesión docente en el sistema escolar chileno tiene como objetivo central asegurar la calidad de los docentes. Para ello son indispensables reformas que estimulen el ingreso y la retención en la profesión docente de personas con altas competencias. En esta línea, se proponen medidas importantes en tres áreas: carrera docente, formación inicial docente y docentes directivos.
Entre éstas destacan en el área de formación inicial, por una parte, las de aseguramiento de la calidad de los programas de estudio: acreditación mínima de cuatro años obligatoria, asignación de recursos a las facultades con cuatro años o más de acreditación para la consolidación de redes de escuelas, liceos y colegios como campos de práctica profesional, y financiamiento para la renovación de las plantas docentes; por otra, las de selección de los futuros profesores, elevando las exigencias tanto al comienzo de la formación docente como al término de ésta. A este respecto, se pide a las autoridades que promuevan que los programas de pedagogía seleccionen a sus estudiantes de formación docente entre aquellos que pertenecen al treinta por ciento de mayores habilidades, y que los egresados de pedagogía aprueben un examen obligatorio de habilitación para poder enseñar en la educación subvencionada por el Estado. En lo que respecta a la carrera docente, se proponen iniciativas como becas que cubran la totalidad del arancel de referencia de las carreras del área de educación para estudiantes con más de 600 puntos en la PSU (sujeto a ciertas condiciones); período de inducción; nueva estructura de remuneraciones (con un alza significativa en los salarios iniciales para los docentes que cumplan con las nuevas exigencias); cambios importantes en la evaluación docente, que suponen descentralizarla gradualmente dejando su definición y aplicación en manos de sostenedores y directores, y salida más ágil de docentes de bajo desempeño de la profesión. Todas estas medidas apuntan a una formación inicial y a una carrera docente más exigente, desafiante y atractiva, incentivando a estudiantes de mayores habilidades a entrar a la profesión y permanecer en ella, desalentando a los de peor rendimiento. Por último, respecto del rol de los sostenedores y directores de establecimientos educacionales, se propone otorgar más atribuciones, pero, al mismo tiempo, aumentar sus exigencias y responsabilidades, mejorar de forma importante el salario de los directores y flexibilizar la contratación de éstos, desvinculándolos de la carrera docente.
Este conjunto de medidas promueve un sistema educacional más autónomo y competitivo, otorgándoles mayor responsabilidad a sus actores directos. Sin embargo, el informe consta de un amplio número de propuestas, de muy distinta índole y relevancia, de alta complejidad en su aplicación, entre otras causas por la interdependencia de éstas y la potencial superposición de dos sistemas distintos en lo que respecta a la carrera docente. Por otro lado, pareciera que el éxito de estas medidas depende, en parte importante, de sistemas eficaces de medición de la calidad. Un conjunto de medidas relevantes se basa, en última instancia, sobre sistemas de evaluación. Así, por ejemplo, el aseguramiento de la calidad de los programas de formación docente descansa sobre el sistema de acreditación, las remuneraciones de los docentes se fijan en función de la evaluación de su desempeño, y lo mismo ocurre con la permanencia de los directores en sus cargos, etcétera. Sin embargo, algunos de estos sistemas de evaluación no han dado los resultados esperados. Se hace, pues, indispensable asegurar que los sistemas de evaluación sean pertinentes y contengan criterios y estándares apropiados. Otro inconveniente es el exceso de evaluaciones al cual estarían sometidos los docentes, cuyos desempeños serán analizados tanto por los sostenedores como por una institución externa, además de las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales, que miden, indirectamente, el desempeño de los docentes. Así, las autoridades de este gobierno deben sopesar con mucho cuidado las diversas propuestas realizadas por este panel de expertos y elegir un conjunto coherente de ellas que sea políticamente viable y educacionalmente relevante.
