Fernando Atria y Sebastián Soto comentaron la propuesta de un grupo transversal de constitucionalistas para reformar el Tribunal, presentada por dos de sus miembros, Isabel Aninat y Gastón Gómez.
La necesidad de reformar el Tribunal Constitucional (TC) ha sido uno de los temas que se han mantenido en la discusión pública desde hace ya bastante tiempo. En enero pasado, un grupo de 15 expertos de distintas tendencias comenzaron a trabajar en un informe con propuestas para su modificación. Eso dio lugar al documento “25 propuestas para un Tribunal Constitucional del Siglo XXI”, cuyas principales conclusiones fueron presentadas en el seminario “¿Qué hacer con el Tribunal Constitucional?” que organizó el Centro de Estudios Públicos, el 9 de septiembre pasado (ver la propuesta aquí).
En este encuentro, que fue moderado por el investigador del CEP, Lucas Sierra, los abogados Isabel Aninat, y Gastón Gómez, presentaron el informe, que fue comentado por Fernando Atria y Sebastián Soto . El investigador del CEP, Lucas Sierra, fue el encargado de moderar el encuentro. Entre las principales modificaciones, se propone impulsar medidas tendientes a asegurar mayor transparencia, eliminar el voto dirimente de su presidente y cambios al sistema de control preventivo.
Gastón Gómez, quien es también profesor de derecho constitucional en la Universidad Diego Portales, planteó que se abordaron cuatro grandes problemas: interpretación, sistema de jerarquía de fuentes, tutela de derechos fundamentales y el conflicto entre poderes del Estado. Señaló que el TC “tiene un papel moderado en el control preventivo y ha desarrollado una gran tendencia hacia los recursos de inaplicabilidad”.
La investigadora CEP, Isabel Aninat, se refirió a la propuesta de aumentar el número de integrantes del Tribunal Constitucional desde los 10 actuales a 12 miembros, con el fin de hacer frente a la creciente carga de trabajo. La composición del TC sería de 3 miembros elegidos por el Presidente de la República, 3 por la Corte Suprema, 3 por el Senado y 3 por la Cámara de Diputados, sin acuerdo del Senado. Igualmente, se recomendó subir a 20 años de experiencia profesional destacada a quienes sean candidatos a integrar el TC.
El segundo en exponer fue el profesor de Derecho de la Universidad de Chile, Fernando Atria, quien si bien criticó el informe, señaló que aporta a una discusión necesaria y urgente. Sostuvo que el informe le atribuye una función ineludible del TC, que es abrir espacios para que los conflictos constitucionales y poderes públicos encuentren solución a través del razonamiento jurídico, pero no es claro que esté desempeñando adecuadamente esa función adecuadamente. Por lo mismo, afirmó “que el problema de tribunales, que no son tribunales, y que se convierten en instrumentos de ejercicio de poder político, no es un problema local”.
El turno siguiente correspondió al profesor de derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Sebastián Soto, quien celebró que académicos de izquierda y de derecha no hayan propuesto eliminar el TC. Según él, la discusión es sobre temporalidad, no sobre una cuestión de fondo. “Es una cuestión de tiempo, qué tan cerca del trámite legislativo debe estar este control”, indicó. Entre las proposiciones del informe destacó dos: “La N°7, que se refiere a crear un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional en casos excepcionalísimos en que las sentencias de inaplicabilidad, que acogen al requerimiento, hayan sido desconocidas por el juez de fondo, lo que implica un cambio profundo a la distribución del poder entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional”. La otra tiene relación con la tardanza en las sentencias. Argumentó que la idea de dividir el Tribunal en dos salas es algo que no le parece conveniente porque dijo que equivalía a tener dos constituciones.
