«La dependencia es un riesgo que buena parte de los chilenos vivirá, ya sea como dependientes o como cuidadores. Hoy, ese riesgo se cubre de forma residual y fragmentada: lo pagan las familias con su bolsillo y su tiempo.»
Publicada en Diarios Regionales.
Una de las consecuencias del descenso de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida en Chile es el envejecimiento poblacional. Si en 2026 las personas de 60 años o más representan el 21% de la población, al 2050 se estima que representarán el 36,5%. Este fenómeno también ocurrirá dentro de los adultos mayores. Si hoy el 16,5% de los adultos mayores tiene más de 80 años, en 2050 esta cifra llegará al 28,6%.
El envejecimiento poblacional incrementa la prevalencia y la severidad de la dependencia funcional, es decir, la situación de aquellas personas que requieren del apoyo de un tercero para realizar ciertas tareas debido a limitaciones mentales, físicas o de movilidad. Esta condición afecta principalmente a adultos mayores, sobre todo a la llamada cuarta edad: de los 440 mil dependientes moderados o severos de 60 años o más, el 50,5% tiene 80 años o más.
El aumento de adultos mayores dependientes implica una serie de desafíos para nuestra institucionalidad en materia de cuidados de larga duración. Los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (Eleam) y los cuidados domiciliarios son piezas clave en este nuevo escenario, pero todavía carecen del desarrollo necesario.
Hay cerca de 20 mil plazas de Eleam, de las cuales 1.300 son estatal, 12.800 son vinculables al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y 5.500 son de hogares de ancianos que postulan al subsidio Eleam. Son 20 mil plazas para 288 mil personas mayores con dependencia severa, lo que se traduce en listas de espera y largos tiempos para ingresar.
En ese déficit, las personas mayores dependientes quedan descuidadas en sus hogares; si carecen de recursos se endudan para pagar un Eleam privado, o bien, recurren a centros irregulares. El programa de cuidados domiciliarios, por otra parte, tiene una cobertura ínfima -en 2025 beneficiará sólo a 2.700 personas- y no alcanza a satisfacer la necesidad real de cuidados severos.
Enfrentar este escenario exige reconocer que la dependencia es un riesgo que buena parte de los chilenos vivirá, ya sea como dependientes o como cuidadores. Hoy, ese riesgo se cubre de forma residual y fragmentada. Lo pagan las familias con su bolsillo y su tiempo, y lo absorben el Estado por vías indirectas y costosas como las camas hospitalarias sociosanitarias. Y donde nadie cubre la dependencia, aparece la informalidad.
En este contexto, una primera tarea es ordenar la oferta existente. Cerrar Eleam irregulares sin alternativas de derivación sólo traslada el problema. Se requiere un camino de regularización con estándares coherentes, plausibles y plazos claros, que equilibren la generación de servicios y la calidad.
Pero la pregunta de fondo es cómo financiar los cuidados de larga duración. Los países que envejecieron antes que Chile ya la respondieron de distintas maneras. Alemania en 1995 y Japón en 2000 crearon esquemas específicos para la dependencia, mientras los países nórdicos optaron por servicios financiados con impuestos generales. La bomba de tiempo demográfica ya está corriendo; Postergar esta discusión solo encarecerá el costo humano y económico para las próximas generaciones.
