No cabe duda: las mismas encuestas demuestran que Chile necesita y merece una nueva Constitución, pero que ello no puede ser a costa de la calidad de la futura Ley Fundamental.
A estas alturas parece obvio, pero vale la pena recordarlo: el 4 de septiembre se nos preguntará si aprobamos o rechazamos el texto constitucional propuesto por los convencionales, es decir, si estamos a favor o en contra de un documento que contiene principios y conceptos pensados y defendidos por un grupo de personas en un contexto determinado.
Hay razones históricas que explican lo anterior. En el “Acuerdo” del 15 de noviembre de 2019 se fijó un itinerario que terminó en la elección de 155 constituyentes, cuyo objetivo y responsabilidad fue redactar un texto que ahora deberá ser sometido a referéndum. Siempre ha existido, en ese sentido, la posibilidad de rechazar lo que se nos ofrece, por mucho que algunos quieran hacernos creer que las únicas dos alternativas son el “Apruebo” o el caos.
Para esas personas, cualquier documento emanado de la Convención será “mejor” y más “democrático” que la Constitución actual, lo que no deja de ser curioso considerando la urgencia que tiene el país de contar con un texto que sea el resultado de una buena deliberación democrática. En efecto, uno de los principales problemas de la Convención es que ha dejado muy poco espacio a la transversalidad y el disenso, dos características inherentes a cualquier ámbito deliberativo que se precie de tal.
Por supuesto, es probable que la mayoría de los convencionales entienda por democracia poco más que la voz del más fuerte y que, por tanto, lo verdaderamente “democrático” esté siempre supeditado a su propia concepción de la vida social y política. De ser así, me temo que estarían caminando peligrosamente por la cornisa de la arrogancia; esa que maldice a la tradición constitucional chilena y que sostiene, sin mayor base empírica, que los últimos treinta años son una sumatoria de abusos, males y atrocidades.
Los que así piensan (el presidente Boric, por de pronto, para quien “cualquier resultado será mejor que una Constitución escrita por cuatro generales”) están convencidos de que la historia comienza con ellos. O, más bien, con el “estallido social”, el único evento histórico recogido y reconocido por el borrador del “Preámbulo” preparado por una comisión ad hoc. Además, creen que la elección de septiembre se trata de una contienda clásica entre la izquierda y la derecha, y que lo que tendremos que decidir es el fin o la continuidad de la “Constitución de Pinochet”.
La realidad, sin embargo, es bastante más compleja, pues en el plebiscito de entrada quedó de manifiesto que las personas no piensan ni actúan en esos términos binarios; de otra forma no se explica el 80% del “Apruebo” en 2020, como tampoco que, a pocas semanas de concluir el trabajo de los convencionales, la opción “Rechazo” siga adelante en las encuestas.
¿Cómo pasamos de un primer “Apruebo” masivo y contundente a uno aguado y tibio? La respuesta hay que buscarla en la arrogancia del texto que se nos ofrece; en la idea de que el cambio constitucional tiene nombre y apellido (bastaría cambiar a “Guzmán” por “Atria” y “Barraza”); en que el futuro del país pasa necesaria y únicamente por el texto de la Convención; en la creencia, en fin, de que la salida a la crisis sólo será posible aceptando y adoptando una visión unívoca y maniquea de lo que es y debería ser la convivencia política.
No cabe duda: las mismas encuestas demuestran que Chile necesita y merece una nueva Constitución, pero que ello no puede ser a costa de la calidad de la futura Ley Fundamental. En poco más de dos meses tendremos en nuestras manos la decisión de quedarnos con lo que nos ofrece la Convención o, por el contrario, apelar al realismo político para encontrar el camino que nos lleve a la redacción de un texto que cumpla con las expectativas originales del proceso constituyente. La decisión estará, como debe ser, en manos de la ciudadanía.
