Mientras se estudian nuevos marcos regulatorios, el futuro Presidente debería integrar el consejo del SEP con empresarios de todos los colores políticos, para que se controlen entre sí.
La reciente aprobación de dos miembros del Consejo de la Alta Dirección Pública, con el voto favorable de 30 senadores, provoca envidia en el ámbito de las empresas públicas. La inamovilidad de esos dos miembros hasta 2013 asegura su imparcialidad.
En cambio, en las empresas públicas el deterioro crece. El ejemplo más reciente es el escándalo del plan de inversiones de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Aunque el gobierno pregona que el consejo del SEP (Sistema de Empresas Públicas) es el que elige los directores, la realidad es otra: son elegidos por la Presidenta o sus ayudantes. En efecto, ningún miembro del consejo del SEP tiene la inamovilidad necesaria para oponerse a su voluntad. Y los hechos demuestran que Bachelet oye las sugerencias de los jefes de partido, y de la facción feminista cuando elige directores en empresas públicas.
La ciudadanía agradecerá que el futuro Presidente actúe de otro modo, optando por la transparencia y una gestión de calidad. La ciudadanía ya no resiste la majadería de que las 10 empresas portuarias “deben ser” de propiedad estatal, cuando todo el país acepta que el agua potable sea provista por empresas privadas. Gracias a esa privatización regulada, la inversión en agua potable ya no pasa por la Dirección de Presupuestos, sino por los mercados internacionales de capital, donde los inversionistas compiten para proyectar los flujos de caja y sus riesgos. Los partidos políticos tampoco pechan por elegir directores en las sanitarias.
Para eso el primer paso es dictar un marco regulatorio para las 10 empresas portuarias, comparable al que Chile creó en 1998 para las empresas sanitarias, seguido de privatizar un paquete accionario controlador para cada puerto. El Estado debe mantener una fuerte presencia en los puertos, pero no como accionista, sino a través del nuevo marco regulatorio. Esto terminará a la vez con el cuoteo y con la gestión con énfasis presupuestario.
El segundo paso es dictar marcos regulatorios para las otras 12 empresas del SEP. Estos son más complejos que los anteriores, porque no sólo deben fijar las tarifas a cobrar, sino también deben regular la entrega de subsidios fiscales explícitos para cubrir la diferencia entre la baja rentabilidad sobre el capital invertido y una rentabilidad normal para el capital. Por ejemplo, estos subsidios se justifican en el caso de Metro S.A. por las externalidades positivas que genera a los usuarios de otros modos de transporte. Aquellas “empresas” que en la práctica son servicios públicos deberían ser reconocidas como tales y ser transferidas al Sistema de la Alta Dirección Pública.
Mientras estos marcos regulatorios sean estudiados por el Congreso, el futuro Presidente debería integrar el consejo del SEP con empresarios de todos los colores políticos, para que se controlen entre sí, con inamovilidad por dos años. Su primera misión sería terminar con el cuoteo de los puestos de director, para lo cual contratarían headhunters. La segunda sería obligar a publicar FECU bajo las normas de la SVS. Esto permitiría a los inversionistas iniciar el análisis de las acciones de estas empresas, facilitando la privatización regulada que proponemos.
