En una reciente carta en la que hace referencia a mi columna de la semana pasada, el profesor Javier Couso termina invitando a «deliberar con tranquilidad acerca de los costos (y beneficios) de las reformas planteadas, en lugar de continuar con la guerra de eslóganes en que nos hallamos sumidos». Quizás el más grande de estos eslóganes es pensar que el rechazo mayoritario que generan varias de las reformas más emblemáticas de este gobierno sea el resultado de un grupo de interés, minoritario, pero muy poderoso, que parece haber convencido a la ciudadanía de la inconveniencia de esas reformas.
Es ineludible que hay reformas que son necesarias; en eso estamos de acuerdo. Otra cosa, sin embargo, es si las reformas que hoy se proponen son las adecuadas para lograr una sociedad más justa. La democracia, precisamente, permite que todos podamos deliberar respecto de las reformas que se están llevando a cabo, sin tener que volver a discusiones zanjadas a principios del siglo XIX, como es el caso de la esclavitud. El ejercicio deliberativo supone una cuota razonable de realismo.
Interesa entender, entonces, de buena fe, el rechazo que generan las reformas del gobierno actual. Ello es necesario para salir de la crisis política que afecta al país. Los cambios en leyes e instituciones normalmente van a traer aparejados costos a corto plazo y la pérdida de poder de algunos grupos de interés, y ello no es per se negativo. La discusión, sin embargo, debe dilucidar si las desconfianzas y el rechazo provienen de esta fuente o, por el contrario, de un descontento más generalizado con las formas y medidas propuestas. Si el rechazo se debiera a una suerte de manipulación de gran proporción de la población por parte de un grupo pequeño, su poder sería bastante inestable, ya que funcionaría en ciertos casos, como en la reforma educacional, y no en otros, como en el aborto o en el Acuerdo de Unión Civil, donde, a pesar de la oposición de los sectores conservadores, existe amplio apoyo ciudadano.
Estar de acuerdo con un conjunto de fines deseables no implica apoyar ciegamente las reformas que se proponen para dicho fin. Más aún, identificar, sin matices, un ideario con un conjunto de reformas específicas, independientemente de su calidad, es alejarse de la deliberación democrática a la que se nos invita.
