Resulta sumamente frustrante ver cómo conceptos básicos como democracia o derechos fundamentales como la libertad económica, de educación o expresión se confunden y tergiversan en el discurso imperante en la Convención.
“Proponemos un cambio total en la forma de funcionamiento del Estado y también en la administración del poder económico, o sea, de la propiedad de los medios de producción. En primer lugar, proponemos disolver las actuales instituciones estatales y reemplazarlas por una única asamblea que concentre todos los poderes y sea organizada de manera distinta con representantes electos desde sus territorios y lugares de trabajo. […] Por último, esta propuesta viene combinada a la iniciativa que defenderemos en la Comisión 5 que plantea la sociabilización de todas las grandes empresas del país, minas, empresas de energía, puertos, bancos, etc. Todas esas empresas deben pasar al control de la clase trabajadora y el pueblo, así de forma democrática la clase trabajadora podrá definir los rumbos del país y planificar la economía de acuerdo a las necesidades de la mayoría de la población y no de unos pocos privilegiados.” Estas fueron parte de las propuestas que presentó esta semana Magdalena Rivera, convencional de la lista Plurinacional y Popular, y que resultaron rechazadas.
¿Por qué desperdiciar una columna comentando este tipo de proposiciones que carecen de mayoría incluso al interior de la Convención? Porque en ella se pone en evidencia el espíritu antidemocrático que prima no solo en grupos minoritarios dentro de la Convención, sino que se observa incluso en propuestas que gozan de amplia aceptación al interior de la misma. Sinceramente, uno se pregunta si quienes proponen este tipo de iniciativas comprenden lo que significa e implica la democracia o de frentón proponen regímenes totalitarios. ¿Estarán realmente en contra del sentido profundo de la libertad económica o solo reaccionan de forma apasionada en contra del abuso? Resulta difícil creer que hoy, en el siglo XXI, haya personas que dicen representar al pueblo que busquen retroceder en los derechos ganados a través de siglos de lucha de clase. ¿Sabrán los Convencionales que uno de los primeros derechos ganados por el pueblo tiene relación con la propiedad privada, que es el medio que permite a las personas ser autónomas y libres? ¿Sabrán los Convencionales que la principal función de la Constitución es junto con la creación del Estado, limitar de forma estricta su poder y defender los derechos y libertades de las personas? ¿Entenderán que la división del poder del Estado cumple la fundamental función de proteger a los ciudadanos de una eventual tiranía? ¿Conocerán la experiencia de los estados comunistas en el siglo XX y su fracaso económico, social, moral y político? ¿Entenderán que el costo del decrecimiento económico es mayor pobreza, que las restricciones a las exportaciones y la producción redundan en menores salarios y menor empleo?
Resulta sumamente frustrante ver cómo conceptos básicos como democracia o derechos fundamentales como la libertad económica, de educación o expresión se confunden y tergiversan en el discurso imperante en la Convención, obligándonos a volver a justificar la democracia por sobre el totalitarismo, la libertad económica y libre competencia por sobre el monopolio estatal y la economía planificada, la libertad de expresión por sobre la censura. La nueva Constitución nos ofrece la oportunidad de reformar nuestro sistema político para perfeccionarlo en función de nuestra propia experiencia, construyendo sobre lo avanzado, como hace la ciencia. Sin embargo, pareciera primar el espíritu de refundación, haciendo caso omiso no solo de nuestra propia historia sino también de la experiencia internacional. Si uno interpreta las pulsiones detrás del estallido social, uno pensaría que estas llaman a democratizar Chile y no a avanzar en la dirección contraria. A días de comenzar la votación del pleno, todavía quedan dudas de si vamos a tener una Constitución reformista o refundacional.
