El gobierno y varios parlamentarios han anunciado un eventual proyecto de ley para hacer efectiva la representación de los pueblos indígenas en el Congreso. Dado el carácter excepcional de esta medida, la forma de materializarla implicará hacerse cargo de varias consideraciones.
Una opción para hacer efectiva esta representación es a través de una ley de cuotas. Dada su similitud con la ley sobre género en discusión, los argumentos a favor y en contra son muy parecidos. Por otra parte, si el objetivo es “asegurar” la representación indígena, una opción sería crear un distrito especial. Las preguntas tras este mecanismo son múltiples: ¿Sería un distrito virtual o territorial? ¿Quiénes serían los electores de este distrito, sólo los pueblos indígenas o todos los electores del padrón? En cada caso, ¿los electores en este distrito votarían una vez (por candidatos de su distrito) o dos veces (por candidatos de su distrito y del distrito indígena)? Luego, ¿dónde se incluirían estos escaños: en la Cámara de Diputados y/o en el Senado? ¿Cuántos serían en cada caso? ¿Serían previamente distribuidos entre los nueve pueblos reconocidos por ley? Finalmente, ¿cuáles serían los requisitos exigidos a los representantes que ocupen dichos escaños?
Las respuestas a estas preguntas no son fáciles. Hay opciones que podrían vulnerar los principios de igualdad en el voto y de conformación de la Cámara y el Senado. Además, ciertas opciones podrían afectar la representatividad y proporcionalidad que la reforma al binominal, precisamente, busca mejorar.
La experiencia comparada tampoco provee respuestas únicas. Países como Nueva Zelandia, Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia han optado por distintos mecanismos para hacer efectiva la representación indígena. Por tanto, y dada su vinculación con el sistema electoral, creemos que el mecanismo para hacer efectiva la representación indígena en el Congreso debiera tomar definiciones respecto de las interrogantes aquí planteadas.
