Para avanzar hacia un país con mayor bienestar social necesitamos, además de modernizar el Estado, mejorar la progresividad de nuestras políticas tributarias y sociales.
En Chile, la distribución de la riqueza es relativamente plana, si uno elimina de la curva al 5% más pobre y al 10% más rico. Si agrupamos todos los hogares del país en 20 grupos de igual tamaño y los ordenamos de menor a mayor ingreso, observamos que la diferencia en ingreso entre un grupo de hogares y el que le sigue no supera el 20%, con excepción de los tres primeros y los tres últimos grupos.
Según la encuesta Casen 2017, los hogares que se encuentran en el veintil 18 tienen un ingreso autónomo promedio casi 9 veces mayor que el de los hogares en el segundo veintil; sin duda una diferencia importante, pero no muy distinta de lo que se observa en países con un coeficiente GINI mucho menor al nuestro. ¿Dónde se concentra la desigualdad en Chile? En ambos extremos de la curva. El primer veintil, que reúne al 5% más pobre del país, tiene un ingreso autónomo promedio por hogar de $26.000 mensuales, ¡7 veces más bajo que el ingreso autónomo promedio del segundo veintil, que bordea los $184.000 mensuales! En el otro extremo, el veintil 20, que considera al 5% más rico, tiene un ingreso autónomo promedio de $4.300.000 mensuales por hogar, el doble que el ingreso promedio del veintil 19. Mientras el 25% más pobre de los hogares tiene un ingreso autónomo menor a los $400.000 mensuales, el 25% más rico de los hogares tiene un ingreso autónomo mayor al millón de pesos mensuales.
Teniendo a la vista esta distribución, se advierte que la tarea del Estado se ha vuelto más compleja. Por una parte, todavía existe un grupo de personas que vive bajo la línea de la pobreza (9%), de los cuales cerca de un tercio vive en la pobreza extrema. Y, por otra parte, se ha desarrollado en los últimos 30 años una nueva clase media, más exigente y pujante, que demanda del Estado mejores servicios. Para avanzar hacia un país con mayor bienestar social necesitamos, además de modernizar el Estado, mejorar la progresividad de nuestras políticas tributarias y sociales. ¿Qué quiere decir progresivo? Que quienes tienen más dinero contribuyan más y quienes tengan menos reciban más beneficios del Estado. Bastante obvia la recomendación, pero curiosamente no lo es para nuestra clase política.
A fines del año pasado, el gobierno presentó un proyecto de ley que gravaba el patrimonio inmobiliario con un avalúo fiscal igual o mayor a los 200 millones de pesos, que afectaba a 50 mil viviendas. Sin embargo, el Congreso aumentó el piso a 400 millones de pesos, que equivale a inmuebles con un valor comercial superior al millón de dólares y que solo afecta al 1% de las propiedades inmuebles. ¿Por qué dejaron fuera a las propiedades con un avalúo fiscal entre 200 y 400 millones de pesos? Porque según la oposición se estaba afectando a la clase media. Esta declaración refleja un profundo desconocimiento de la realidad de nuestro país, pues si vamos a considerar al 10% más rico o incluso al 5% más rico del país como clase media, entonces será imposible implementar un sistema tributario progresivo que nos permita avanzar hacia un sistema social más justo. Un problema similar lo estamos viendo en los programas sociales. Han salido varios parlamentarios exigiendo la condonación del CAE, la extensión del posnatal, que no exista más TAG y hasta incluso en su minuto mayor subsidio al diésel, políticas que entregan desproporcionadamente más recursos a quienes tienen más.
Complejo se ve el futuro para avanzar en mayor justicia social, si el 10% más rico de este país es considerado como clase media y se promueven políticas que benefician desproporcionadamente a los sectores de mayores ingresos, quedando los sectores más pobres invisibilizados.
