Lo esencial es que la reforma garantice acceso universal a sala cuna sin encarecer la contratación femenina, porque cualquier costo adicional se traduce en menores salarios y oportunidades.
La semana pasada el INE publicó los resultados de la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2024. Uno de los datos más preocupantes es que la brecha de género en el ingreso medio nominal alcanzó un 24,4%, superior al 23,3% de 2023. En otras palabras, las mujeres ganan en promedio casi un cuarto menos que los hombres.
Entre las múltiples causas de esta brecha, un factor relevante son los mayores costos que enfrentan los empleadores al contratar mujeres. El artículo 203 del Código del Trabajo obliga a empresas con 20 o más trabajadoras a financiar la sala cuna para madres con hijos menores de dos años. Este requisito, aunque busca proteger a las familias, termina encareciendo la contratación femenina.
La evidencia es clara. Estudios muestran que la brecha salarial entre hombres y mujeres se amplía en 10 puntos porcentuales en hogares con hijos menores de tres años. A nivel empresarial, se estima que las mujeres contratadas tras superar el umbral de las 20 trabajadoras reciben entre un 9% y un 20% menos que aquellas incorporadas antes de alcanzar dicho límite.
El problema no es nuevo. Desde los años 90 se han presentado múltiples proyectos para reformar el artículo 203, pero ninguno ha logrado ser aprobado en el Congreso. El debate radica no solo en el diseño técnico —definir el financiamiento, cobertura y monto del beneficio—, sino también en temas ideológicos, como el rol de privados en la provisión de sala cuna.
Hoy, el tema vuelve a estar en el centro del debate. Los principales candidatos presidenciales coinciden en la necesidad de avanzar hacia una sala cuna universal, reemplazando la norma actual que castiga el empleo femenino. El proyecto que se discute en el Congreso propone crear un fondo financiado por una cotización adicional de las empresas —para todos los trabajadores, hombres y mujeres— más aportes estatales. Así, contratar a un hombre o una mujer tendría el mismo costo en materia de sala cuna.
Las propuestas, sin embargo, difieren en su diseño. Jara plantea ampliar el beneficio a madres y padres, con financiamiento compartido entre empresas y Estado. Matthei propone ajustar el proyecto en curso: aumentar el monto del beneficio para evitar costos adicionales a las empresas, permitir su uso en salas cuna públicas y privadas e incorporar a los padres de manera gradual. Kast, por su parte, sugiere un sistema universal financiado íntegramente por el Estado, recurriendo a una reducción de “operadores políticos y activistas ideológicos”.
La pregunta de fondo es si, tras 28 años de intentos fallidos, el Congreso será capaz de alcanzar un acuerdo. Lo esencial es que la reforma garantice acceso universal a sala cuna sin encarecer la contratación femenina, porque cualquier costo adicional se traduce en menores salarios y oportunidades. La brecha de género en los ingresos es el reflejo de una deuda histórica que el Congreso aún no logra saldar con las mujeres trabajadoras.
