La coordinación con los tiempos del proceso constituyente en curso será condición necesaria para que las reformas en materia de justicia que sean priorizadas se adecuen a los desafíos regulatorios de la nueva Constitución, en caso de ser aprobada en el plebiscito de salida.
Invocar a la justicia suele ser un recurso retórico común en el lenguaje político. Los programas de gobierno de las principales candidaturas lo hacen con diversos grados de generosidad. Si bien a partir de este domingo tenemos dos candidatos solamente para la presidencia de la Republica – Gabriel Boric y José Antonio Kast – vale la pena observar el uso de esta noción en los programas de las principales candidaturas. En orden creciente, el programa de Franco Parisi utiliza dicho vocablo nueve veces, seguido José Antonio Kast (17), una suerte de empate técnico entre los programas de Sebastián Sichel (32) y Gabriel Boric (34), terminando con el de Yasna Provoste (57).
En el mundo de las profesiones legales solemos acotar dicha virtud o valor a su administración por parte de la judicatura. “La administración de justicia es el ramo principal del gobierno de un pueblo (…) Las disputas heréticas de un mal teólogo, los cálculos errados de un matemático y los desaciertos de un médico, no son de tanta trascendencia como el fallo injusto de un juez”, advertía Andrés Bello en las páginas editoriales de El Araucano en 1832.
El público también suele asociar la justicia a la labor de jueces y fiscales. Eso sí, la percepción es bastante crítica, como viene mostrando la encuesta CEP desde 2002.
Pese a la advertencia de Bello y de la percepción social negativa, en el plano de las campañas presidenciales suele ser una materia rara vez tratada, aunque los programas suelen decir algo al respecto.
A nivel de diagnósticos generales, mientras que los programas de Parisi y Sichel carecen de un punto de vista sustentando sus propuestas, sus contrincantes ofrecen visiones críticas con diversos matices y focos. El programa de Kast afirma que se requiere una reforma radical al Poder Judicial, por cuanto su administración se encuentra ralentizada, requiriendo innovación, agilidad y accountability. Además, hace una mención algo críptica a la creación de ficciones jurídicas por parte de la judicatura, las que constituirían una transgresión constitucional inadmisible, aunque no provee de ejemplos que hagan comprensible esa afirmación.
Boric pareciera hacerse eco de la valoración social negativa de la judicatura, en cuanto incluye al sector judicial entre las transformaciones que un eventual gobierno suyo considera para reconstruir la confianza de las personas en las instituciones. Como factor de desconfianza hace mención a una “cultura de abusos que parece siempre inclinar la balanza en favor de los más poderosos”. En su diagnóstico se hace hincapié en la necesidad de regularizar el sistema de justicia luego de las diversas medidas adoptadas a propósito de la pandemia, que devinieron en serios retrasos en la tramitación de causas.
El programa de Provoste es quizás el que ofrece una mirada más amplia y severa hacia el sector justicia. Plantea la existencia de un desigual acceso a la justicia, con información limitada y poco transparente, lentitud y déficit en la calidad, y alejada de las personas. También menciona la falta de confianza hacia la justicia ante la existencia de dos sistemas, uno para pobres y otro para ricos. En cuanto a ámbitos específicos, el programa afirma que la justicia local se encontraría deteriorada, la justicia civil marcada por la demora, y la justicia penal abocada a conflictos de notoriedad y espectacularidad con lo cual la percepción de victimización habría ido en aumento. Además, según su programa Chile sería el segundo país de la OCDE con más personas privadas de libertad, por un uso excesivo de la prisión preventiva y la ausencia de rehabilitación. Finalmente, sin el mismo nivel de detalle, se afirma la necesidad de incorporar perspectivas de equidad de género, social y territorial.
En el plano de las propuestas, salvo el programa de Parisi, existe un variopinto catálogo de ofertas. En materia de acceso a la justicia, Kast enuncia a la justicia vecinal, pero su foco se encuentra en la asistencia jurídica especializada, por medio de la creación de una Defensoría de las Víctimas. Según su programa, no existiría institución a cargo de proveer este servicio legal a las víctimas. Esta nueva defensoría contará con la misma cantidad de recursos investigativos y financieros que la Defensoría Penal Pública. Relacionado con las víctimas, anuncia el desarrollo de una Política Nacional de Atención a las Víctimas, por cuanto existirían actualmente siete instituciones separadas entre sí con competencias en la materia.
Boric, al igual que Kast, concentra sus propuestas de acceso en la asistencia jurídica general de quienes no tienen los recursos para financiarlos por sí mismos, la cual sería profesional y de calidad. En concreto, anuncia la presentación de indicaciones al Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos presentado por el actual gobierno. Y en el intertanto, se dotará de personal estable adicional en las Corporaciones de Asistencia Judicial. En cuanto a las víctimas, coincide con Kast en evaluar programas existentes, como serían las Unidades de Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Si bien no se refiere a la justicia vecinal, su programa anuncia eventuales medidas para mejorar los juzgados de policía local a raíz de las desigualdades económicas entre municipios.
Provoste coincide con Kast en la importancia de la justicia vecinal, aunque la desarrolla con mayor detalle, quizás por tratarse de una antigua aspiración que se remonta al gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. Esta Nueva Justicia Vecinal reemplazaría a los juzgados de policía local, manteniendo su presencia en el territorio comunal, y tendría como función la búsqueda de soluciones de conflictos de común ocurrencia y baja complejidad. En cuanto a la asistencia jurídica general, su programa propone rediseñar a las Corporaciones de Asistencia Judicial, proveyendo, al igual que Boric, defensa jurídica y asistencia legal profesional, oportuna y de calidad. Ahora bien, al parecer su programa pretende hacer de la asistencia jurídica una provisión universal dado que su acceso no consideraría el origen social de las personas (ni étnico y orientación de género). Este nuevo sistema sería descentralizado y con presencia comunal, incluyendo la Defensoría Penal a las Víctimas, en forma independiente del Ministerio Público y actuando como contraparte de la Defensoría Penal Pública. Finalmente, este rediseño de la asistencia jurídica incluiría prestar asesoría en materias no contenciosas y administrativas.
Sichel se aparta de las otras candidaturas en materia de acceso a la justicia, concentrándose en la representación de ciertos intereses colectivos, para lo cual propone la creación de la Defensoría del Ciudadano, órgano constitucionalmente autónomo, desconcentrado y descentralizado, cuya directiva sería colegiada. Este nuevo órgano estará a cargo de la defensa de los derechos ciudadanos frente a actos e inacciones del Estado, pudiendo representarlos ante la administración del Estado y emitir opinión en las causas de interés general y de su competencia trabadas en tribunales. Según su programa, no conlleva un mayor gasto público, pues se integraría con unidades y personal proveniente de otras dependencias públicas. Además, se creará un Sistema Nacional de Defensoría Ciudadana, compuesto por diversos órganos, los cuales deberán rendir cuentas de sus objetivos, acciones y resultados ante la ciudadanía y ante los poderes públicos.
En materia de gobierno y organización judicial, el programa del Frente Social Cristiano es el único que hace referencia al sistema de nombramiento de jueces. El sistema vigente es calificado negativamente por no asegurar la idoneidad personal, académica e intelectual de los candidatos. A nivel de tribunales superiores, fiscal nacional y fiscales regionales agrega que se trataría de un sistema que privilegia el nombramiento conforme a criterios político-ideológicos. Propone crear un nuevo sistema de nombramientos a través de un organismo técnico autónomo del poder político, similar a la Alta Dirección Pública. También muestra cierto escepticismo al estatuto de los jueces (coincidiendo con una de las escasas materias abordadas por el programa del Partido de la Gente). En materia de probidad, considerando un sistema de prevención de lavados de activos y financiamiento del terrorismo, y protocolos de identificación y prevención y sanción de malas prácticas. Este sistema incluiría canales de denuncia internos y externos con mecanismos de incentivos en pagos porcentuales a las multas devengadas, entre otros aspectos. Finalmente, en materia de competencias, se establecería como jerarquía máxima de las resoluciones judiciales aquellas pronunciadas por la Corte Suprema por sobre dictámenes de cortes nacionales e internacionales, con excepción del Tribunal Constitucional.
El programa de Nuevo Pacto Social se limita a enunciar una Unidad de Cumplimiento Judicial, debido al impacto de la judicialización del fenómeno migratorio por medio de acciones constitucionales. Lo mismo respecto a un posible nuevo sistema de transparencia y gobierno abierto respecto a nombramientos en el sistema judicial, y notarial. También menciona la necesidad de separar las funciones jurisdiccionales de las de gobierno judicial, al igual que la carrera judicial se encuentre alineada con los nuevos desafíos de autonomía e independencia interna de los jueces.
Los programas de Apruebo Dignidad y Chile Podemos Más, si bien limitados en esta materia, coinciden en reformar al sistema notarial y registral, que los sujete a estrictos criterios de transparencia y probidad (Boric) para evitar cobros y conductas abusivas por parte de monopolios de larga data como serían los Conservadores de Bienes Raíces, los Notarios y los procesos de Remates Judiciales (Sichel)
La Reforma Procesal Civil, cuyas bases originales fueron conocidas en 2005, brilla por su ausencia. La única aparente excepción se encuentra en el programa de Provoste, pero este se limita a declarar que impulsará dicha reforma procesal civil.
Familia, lamentablemente, es otro de los ausentes notorios en los programas. La excepción se encuentra en el programa de Sichel. En sede restaurativa sugiere crear Puntos de Encuentro Familiar para, desde la derivación de los tribunales de familia, atender a familias que se encuentran en crisis por la separación de sus padres. Estas instancias consistirían en espacios confortables y seguros a cargo de profesionales de apoyo. En sede represiva, propone crear un Tribunal Único de Violencia de Género, junto con una Defensoría de la Mujer autónoma, integrada por personal experto en materia de género.
La justicia penal sí aparece en todos los programas, con un claro componente punitivo. El programa de Sichel se centra en aspectos operacionales de las labores de investigación y persecución en consideración de la mayor complejidad de los delitos. Este factor haría necesario que el Ministerio Público y las policías hagan uso de todas las herramientas y tecnologías permitidas en un Estado de Derecho para obtener evidencias. Al parecer tiene una mirada crítica respecto al rol de los jueces de garantía en esta materia, al plantear que el control judicial al actuar de fiscales y policías no debe constituirse en obstáculo para que las personas puedan acceder a la justicia. Respecto a las causas penales relacionadas con el estallido social, considera introducir medidas y recursos para garantizar el acceso a la justicia por parte de las víctimas, por ejemplo, la creación de una nueva Fiscalía Especializada en delitos contra los Derechos Humanos al interior del Ministerio Público. Y respecto a los delitos cometidos en el contexto del conflicto en la Araucanía, la creación de tribunales especiales fuera de la región para asegurar un juicio justo.
El programa de Kast muestra mayor escepticismo respecto a los fiscales, sugiriendo investigar y sancionar severamente filtraciones de información desde la judicatura y el Ministerio Público. En caso de reiteraciones, las sanciones deberán alcanzar a sus respectivos superiores jerárquicos. Existe una preocupación por la eficiencia e incentivos del sistema penal, llamando a revisar los factores que fomentan el cierre anticipado de las causas, incluyendo las atribuciones de los jueces de garantía para efectos de ampliarlas y reducir el despilfarro de mantener tribunales orales en lo penal sin mayores intervenciones.
El Ministerio Público también aparece como una preocupación en el programa de Provoste, anticipando estudiar su reforma, para que la autonomía constitucional que actualmente lo caracteriza no se torne en un obstáculo para la probidad, transparencia y eficiencia. Y en el caso de Boric, su mirada punitiva se traslada a los delitos económicos o de cuello blanco, anunciando la eliminación del monopolio administrativo del Servicio de Impuestos Internos, Servicio Electoral y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el ejercicio de la acción penal en materia tributaria, legislación electoral, de libre competencia, respectivamente. También espera generar reglas de coordinación entre los entes administrativos y penales en materia probatoria.
La justicia de ‘alfombra roja’ como ha calificado cierta literatura a la institucionalidad en materia económica está presente. Existe consenso en fortalecer a la FNE y al Tribunal de la Libre Competencia, con diversas recetas. En materia de consumidor, el programa de Boric pretende ampliar la competencia de SERNAC para intervenir en contra de agentes económicos que se desenvuelven en sectores regulados por leyes especiales, como sucede en materia de telecomunicaciones y salud.
Si bien las propuestas en materia de justicia difícilmente inclinarán la balanza a favor de una u otra candidatura, especialmente en un contexto polarizado cómo será esta segunda vuelta, la existencia de ciertas coincidencias dan pie para exigir su puesta en marcha independiente de quien resulte victorioso. La crónica de una postergación anunciada que apareja la reforma procesal civil, más allá de la desazón esperable, debiese traducirse en un impulso hacia otras áreas sensibles en el sector justicia. El silencio generalizado respecto a reformas legislativas en curso, por ejemplo, en materia de nombramiento de jueces, debiese ser colmado por el re-direccionamiento de energías que apareje la postergación de cambios a la justicia civil. Finalmente, la coordinación con los tiempos del proceso constituyente en curso será condición necesaria para que las reformas en materia de justicia que sean priorizadas se adecuen a los desafíos regulatorios de la nueva Constitución, en caso de ser aprobada en el plebiscito de salida.
