Curiosamente Bachelet pretende lo mismo que Pinochet: escribir en piedra asuntos ideológicos para dejarlos fuera del juego democrático.
A cinco días de finalizar su gobierno la Presidenta Bachelet envió al Congreso un proyecto de reforma constitucional. ¿Cómo entender este gesto? Su intención no es para nada evidente.
Dada la forma y el contenido de su propuesta, queda claro que con este gesto Bachelet pretendió cerrar el debate sobre el mecanismo, dándole la espalda a la Asamblea Constituyente y a quienes pretenden refundar la patria, en pocas palabras, al Frente Amplio. Pero por otra parte, al poner arriba de la mesa una propuesta constitucional, Bachelet pretende inaugurar el debate sobre el contenido de la reforma constitucional. Más aún, al ser su propuesta una de continuidad y cambio (no olvidemos que ésta se construye a partir de la Constitución de 1980), Bachelet interpela directamente a la derecha a entrar al incómodo debate constitucional. Sin embargo, el hecho de que todo el proceso constituyente, incluida la elaboración del proyecto, fuese realizado a espaldas de los partidos políticos, abre preguntas sobre la veracidad de las intenciones de la Mandataria por avanzar en esta materia. Resulta imposible iniciar un debate en materia constitucional, a cinco días de finalizar el gobierno, sin el apoyo de los partidos políticos de su coalición, y esto Bachelet lo sabe.
En relación con el contenido de la “nueva Constitución”, esta mantendría el carácter maximalista de la actual, heredando un sinnúmero de regulaciones, que perfectamente podrían estar en las leyes, y agregando nuevas. Los dos grandes cambios que introduce son el reconocimiento de la soberanía de nuestros pueblos originarios y la judicialización de los derechos sociales.
Sobre esto último, curiosamente Bachelet pretende lo mismo que Pinochet: escribir en piedra asuntos ideológicos para dejarlos fuera del juego democrático. Introducir los derechos sociales en la Constitución y entregar a los jueces de primera instancia las competencias para obligar al Estado a su cumplimiento, sin consideración de la situación económica, reduce la esfera democrática. Estos asuntos ya no se decidirán a través de las elecciones, sino que será el Poder Judicial, al margen de la democracia, quien tomará el control político al decidir sobre política pública y el presupuesto de los gobiernos.
Incluir o no los derechos sociales en la Constitución no es un debate entre quienes prefieren un Estado de Bienestar y quienes no, sino entre quienes prefieren gozar de un mayor espacio para la deliberación democrática y quienes prefieren restringirlo. La disminución de los quorums para las leyes orgánicas de la nueva constitución es un avance en la primera dirección, así como la redefinición del Tribunal Constitucional. Pero dicho avance se neutraliza, cuando aumenta el poder de los jueces sobre el del legislador.
