Considerando que “no hay extensión de plazo y hay que trabajar muy apegados al calendario”, como dijo Quinteros, esbozo algunas sugerencias para racionalizar el trabajo restante de la Mesa Directiva.
“El tiempo es este y a esto tenemos que apegarnos (…) Hay un sentido de urgencia y, con Gaspar (Domínguez) somos los guardianes del cronograma”, ha dicho la presidenta de la Convención Constitucional (CC) y de la mesa directiva, María Elisa Quinteros.
Al poco tiempo de debutar, en la sesión plenaria de 18 de enero pasado la nueva Mesa Directiva debió convocar a sesión extraordinaria para terminar con la distribución de las iniciativas de normas presentadas entre las siete comisiones temáticas. Los otros puntos de la Tabla de ese día, de orden administrativo, tampoco pudieron ser abordados. La sola lectura de la cuenta y la recepción de observaciones a la misma tardaron dos horas. De los 146 puntos de la cuenta de la sesión, 130 correspondían a iniciativas de normas constitucionales y su distribución. Es decir, no referían a una rendición de cuentas de las actuaciones ejecutivas o protocolares de la Mesa Directiva, sino que a cuestiones de tramitación normativa. Y las observaciones a la cuenta fueron impugnaciones a la distribución de las iniciativas realizada por la Mesa.
Considerando que “no hay extensión de plazo y hay que trabajar muy apegados al calendario”, como dijo Quinteros), esbozo algunas sugerencias para racionalizar el trabajo restante de la Mesa Directiva.
Los exigentes niveles de publicidad que se autoimpuso la CC han llevado a una lógica de transparencia total, tipo “pecera”, donde documentos comunicados a las y los convencionales con 18 horas de anticipación son leídos ceremoniosamente ante el Pleno. No hay norma que impida una forma más razonada de transparencia, desagregando de la cuenta las distribuciones de iniciativas e instando a inscribirse en forma previa para formular impugnaciones. De esa forma se reducirían las contingencias sobrevinientes en cada sesión, la perpetuación de ritualismos innecesarios y se resguardaría la transparencia al mantenerse registros públicos de esos actos.
Otra práctica no muy conocida, pero no por eso menos controvertida, consiste en la inclusión de una serie de comunicaciones externas a la CC, remitiendo propuestas de normas sobre las más diversas materias, las cual son integradas a la cuenta y distribuidas a las comisiones temáticas.
Durante la etapa provisoria de trabajo su recepción y posterior remisión a las comisiones transitorias podía leerse como una respuesta bienintencionada hacia las demandas por participación ciudadana en el proceso. Pero una vez aprobados los reglamentos permanentes, que regulan exhaustivamente las iniciativas populares e indígenas de normas, mantener esta práctica produce un tratamiento dispar respecto a personas y comunidades indígenas que se han esforzado por cumplir con esos requisitos frente a quienes tiene un mejor acceso a la oficina de partes. Misma inequidad padecen quienes se inscribieron y no fueron sorteados para exponer en las audiencias públicas de cada comisión. Esa clase de comunicaciones externas podrían ser respondidas por las secretarías de participación, orientándoles hacia las instancias pertinentes.
Finalmente, en cuanto a la distribución de iniciativas, la actual composición de la Mesa dificulta dar cumplimiento al principio reglamentario de coherencia, facilitando un trabajo sistemático de la CC. En la actual Mesa están representadas las comisiones sobre Sistema Político (3), Derechos Fundamentales (3), Forma de Estado (1) y Sistemas de Justica (2). Hay tres comisiones sin representación en la Mesa: Principios Constitucionales, Medioambiente y Sistemas de Conocimiento y Cultura, comisiones cuyos contenidos se sobreponen intensamente con las demás.
Es de esperar que la vicepresidencia adjunta que aún no se elige provenga de alguna de ellas. Con todo, si se quiere lograr mayor coherencia en la distribución de iniciativas, lo ideal sería que todas las comisiones temáticas estén presentes en la Mesa Directiva. Una solución rápida (y generosa) sería que algunos integrantes se cambiaran de comisión temática. Para que ninguna comisión sobre, y para que la nueva Mesa cumpla su promesa de custodios del cronograma.
