El experto en probidad del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sebastián Izquierdo, analizó las transformaciones que se deben dar a nivel de Estado, para transparentar los aportes a fundaciones y evitar casos como el de Democracia Viva.
Usted, que ha seguido el caso de Democracia Viva desde cerca, ¿cree que podría ser corrupción?
– Hay muchas aristas que hacen pensar que estamos ante un posible caso de corrupción, con evidente conflicto de interés en una transferencia cuantiosa de recursos, relacionada a un grupo de militantes de un solo partido, como es RD.
¿Qué falló en el Estado, en el caso de Democracia Viva?
– Este caso demostró que existe una falta de concursabilidad, de mérito y transparencia en la asignación de transferencias, básicamente porque se recurre a un trato directo y, por lo tanto, se obvian todos los procesos que se estilan en los mecanismos de concursabilidad, competencia, transparencia. Acá escasea la rendición de cuentas.
El ministro Montes se reunió ayer con las fundaciones que mantienen contratos vigentes con su cartera, para mejorar el modelo de transferencia: ¿qué debe cambiar?
– Lo primero es que se debe comprender la magnitud del problema. Cuando se habla de fundaciones, se habla de casi 30 mil fundaciones que tienen una labor de bien público y, por lo tanto, es importante tener claro que nos enfrentamos a casos puntuales y es importante no generalizar.
Pero usted antes reconoció que hay debilidades regulatorias.
– Claro, y si el modelo debe repensarse tendría que ser en a línea de generar mecanismos, una ley, que permita que estas transferencias sociales tengan como regla principal la concursabilidad. La concursabilidad debe ser la regla principal de toda transferencia de recursos. Hay que evitar los tratos directos y elegir las fundaciones a dedo, sino fomentar la concursabilidad y la competencia.
¿Con concursabilidad el caso de Democracia Viva no se hubiera desatado?
– Exacto, además, se garantizaría que esos recursos, que son de todos los chilenos, tengan el mayor impacto. Hay que garantizar que las fundaciones que tengan mayores competencias sean las que se queden esos recursos y que, así, eso se traduzca en el mayor bienestar de la población más necesitada.
¿También se deben habilitar mecanismos de rendición de cuentas?
– Es fundamental establecer mecanismos de control y rendición de cuentas. Necesitamos un registro único, integrado, de organizaciones sociales. Lo segundo es que, como son recursos del Estado, debieran estar sujetos los mecanismos que tienen las instituciones estatales de transparencia activa. Cada una delas fundaciones que firma un trato directo debería mostrar cuáles son los contratos, los funcionarios que trabajan en ellas.
