Mucho de «beatería, una mala consejera» para tomar decisiones legislativas, observa el subdirector del CEP, Lucas Sierra.
Los últimos acontecimientos —Penta y derivados, Caval— han generado un clima de «escandalera moral», concluye. Su llamado es a la racionalidad, porque opina que estamos lejos de una crisis institucional. Lo que no significa cruzarnos de brazos: «Es un escenario muy interesante, porque ofrece una posibilidad de una mejora institucional» del mecanismo establecido el año 2003, «que fue un avance enorme al formalizar esta relación del dinero y la política para las campañas, creando un sistema mixto» de fuentes estatal y privada. Mecanismo que, a su juicio, hay que perfeccionar; no borrar.
—Pero hoy se reniega de esa ley.
—Hay hechos criticables y tienen que ser investigados y sancionados si se logra probar que hay faltas a la ley, pero esta reacción histérica que se ha producido frente al financiamiento de la política buscando culpables precisamente en el mecanismo violado, es extraña y preocupante. Los escándalos (Penta y derivados) han ocurrido al margen del sistema establecido, y la reacción ha sido apuntar al mecanismo formal de donaciones.
El peor contexto para legislar es un escenario en caliente respecto de casos concretos; hay que esperar que decanten y legislar con la mente fría, con racionalidad, y eso está faltando. También hay que ver cómo funciona el nuevo sistema electoral.
—¿Por qué?
—Porque va a generar dinámicas distintas en el financiamiento de las campañas. Una primera idea lógica es que si aumenta el tamaño de los distritos, aumenta el gasto, porque hay que llegar a más gente. Pero también es interesante la tesis del diputado Pepe Auth, en cuanto a que en un sistema más proporcional las campañas son más colectivas; y entonces no necesariamente implicarían un gasto mayor. Eso hay que verlo todavía.
El proyecto que envió el Gobierno es errado, porque se apura. Y prácticamente impide el financiamiento privado y aumenta el estatal, con lo cual el peligro es reducir la competencia, entendida como la posibilidad de desafiar al incumbente. Pues el financiamiento estatal es ex post; resultado de la elección y te subsidian. Un desafiante lo necesita ex ante.
—¿Quién podría ser esa voz más racional? Se critica hasta que no sale una denuncia contra el sector que uno representa.
—Si se comprueba que hay transversalidad en esto (las investigaciones), se genera un escenario para una racionalidad legislativa y mejorar el sistema de 2003, y no volver atrás. Las campañas tienen que financiarse, lo importante es generar buenos mecanismos que aseguren competencia y renovación, y que eviten la corrupción y la extorsión.
—Nadie cree que hoy los mecanismos sean realmente reservados.
—Hay imágenes que andan dando vueltas sin sustento empírico. En marzo vamos a publicar en el CEP un estudio con Ricardo González y Francisco Szederkenyi (sobre las elecciones desde que hay ley de financiamiento): Los aportes reservados representan una mayor proporción para los desafiantes. Si se persiguiera, como se dice, comprar un voto futuro, no se gastaría tanto en los desafiantes que tienen pocas posibilidades frente a los incumbentes.
—¿Se requiere «un pacto» de la probidad?
—No. El foro de la democracia es el Parlamento, y hay que hacerlo ahí con la racionalidad del caso.
—¿Qué podemos entender por visión de Estado en este contexto?
—Una mejora institucional que implique una proyección a largo plazo de estos mecanismos institucionales, del Servel, de las donaciones a las campañas y de platas fiscales a los partidos, reforzar los partidos. Para eso se requiere inteligencia y liderazgo político.
—¿Eso lo ve en el Gobierno?
—Yo creo que sí.
—¿El Gobierno podría prescindir de una oposición que está casi anulada?
—Los proyectos razonables, en general, resultan del discernimiento colectivo, y esto se hace entre todas las partes.
Ojo que la ley de financiamiento de la política es orgánica constitucional, con quórum de 4 séptimos, requiere los votos de la oposición.
—¿Qué tan cerca estamos de un riesgo institucional?
—Yo no soy apocalíptico para nada. En Chile tenemos todavía una clase política comparativamente muy buena, un sistema político democrático profesional, sujeto a reglas, y eso hay que cuidarlo, con mejoras institucionales y no con altisonancia moral.
Las campañas tienen que financiarse y la plata es como el agua en los techos: se abre paso, por eso hay que abrirle canaletas lo más formales posibles para que circule… si no, se va a escurrir, de todas maneras. Por eso que la beatería no es una buena consejera. Las beaterías no están solo en ciertos sectores de la Iglesia; hay una izquierda muy beata y una derecha muy beata, y eso tiene que ver con frases hechas, como hablar al Twitter. Hay una enorme responsabilidad de nuestros representantes; que hablen al Twitter, pero que al legislar lo hagan con racionalidad.
—En este río revuelto, ¿quién podría hacer la ganancia?
—Si en la discusión se reduce la racionalidad, es un campo para el populismo y el caudillismo. Reducir el financiamiento privado de las campañas tiende a favorecer o a los ricos, que tienen recursos propios, o sea, se plutocratiza la democracia; o a los que son conocidos sin ser ricos, la farándula, las figuras de televisión, del mundo artístico, etc. Eso no es necesariamente malo, pero en general ese tipo de liderazgos reduce el papel de los partidos políticos. Las democracias funcionan cuando se juega en equipos, y esos son los partidos que sintetizan el conjunto de intereses dispersos en la sociedad.
