Aumentar el IVA un punto porcentual permitiría recaudar eficientemente más de US$ 1.500 millones adicionales. Estos recursos, si fueran usados para beneficiar desproporcionadamente a los más pobres, le restarían validez a la preocupación por su impacto regresivo.
En lo tributario habría acuerdo. La estrechez fiscal impide reducir la tasa de impuesto corporativo. Hoy, la principal preocupación es cómo financiar los gastos ya comprometidos. Y también cómo hacerlo con los que vendrán. Porque mientras se cierra la brecha con las economías avanzadas, el gasto público crece más que el ingreso. Las cifras del Fondo Monetario Internacional ilustran: el tercio de países con menor producto per cápita destina cerca del 28% del PIB a gasto público, el tercio del medio casi un 31%, y el tercio superior sobre un 37%. Ello debido a que con el desarrollo económico la demanda por bienes públicos, que solo el Estado está dispuesto a financiar, crece enormemente.
Por ejemplo, si Chile es exitoso, durante los próximos años tendremos que aumentar significativamente los recursos para salud, educación y desarrollo urbano.
Una alternativa es mejorar la eficiencia del gasto público, eliminando partidas superfluas. Pero la economía política aporta una desagradable dosis de realidad. Las posibilidades de reducir gastos habituales es mínima, más si consideramos que la mayor parte de estos corresponde a salarios. De hecho, y contra las necesidades de largo plazo y las recomendaciones del Banco Mundial, el esfuerzo fiscal que implementó la autoridad durante la segunda mitad del gobierno previo exigió reducir la inversión pública. Así, la pregunta relevante, desde la política económica, es qué impuesto será necesario subir.
Los tributos pueden ser directos, como los que gravan el ingreso, e indirectos, como el IVA. Aquí, un chiste viejo es pertinente. ¿Qué invento ha generado más mentirosos: la pesca, el golf o el impuesto a la renta? Porque la evasión de los impuestos directos es significativa en todas partes. En Chile, por ejemplo, se estima que supera el 30%. Y si un impuesto no recauda, no sirve.
Pero la costumbre, tanto entre políticos como economistas dedicados a lo público, es descartar a priori los impuestos al consumo. La razón es social. Los ricos consumen una proporción menor de sus ingresos, porque pueden ahorrar, pero los pobres están obligados, para satisfacer sus necesidades básicas, a consumírselo todo. Un impuesto como el IVA termina siendo, al menos en la fotografía del momento, regresivo.
Sin embargo, en política pública lo perfecto es enemigo de lo posible. Es necesario recurrir a impuestos que, si bien imperfectos, lo son menos. El IVA, por múltiples razones, es uno de ellos. Es un impuesto simple de pagar y difícil de evadir. Su amplia base y la manera como se cobra, cargándose en cada etapa de la cadena productiva, motiva a los productores a reconocerlo descontando el valor de los insumos que ya lo pagaron. Adicionalmente, el IVA no grava el ahorro y la inversión, puesto que no afecta el precio relativo entre consumo presente y futuro. Es, en este sentido, amigable con el crecimiento económico de largo plazo. De hecho, la indiferencia y complacencia con que las autoridades pasadas asumieron la relación inversa entre impuestos a la renta y ahorro privado fue, en mi opinión, una de las principales fallas de la reforma tributaria reciente.
Así, el IVA es un impuesto fácil de recaudar y poco distorsionador.
No extraña, por lo mismo, que el Banco Interamericano de Desarrollo recomiende a los países latinoamericanos en sus informes tributarios regionales avanzar hacia impuestos indirectos, destacando sus ventajas en términos de crecimiento y recursos fiscales.
Aumentar el IVA un punto porcentual permitiría recaudar eficientemente más de 1.500 millones de dólares adicionales. Estos recursos, si fueran usados para beneficiar desproporcionadamente a los más pobres, le restarían validez a la preocupación por su impacto regresivo. Además, aprovechando las nuevas tecnologías es posible implementar transferencias monetarias a los sectores con menores ingresos en función de una estimación de su pago de este impuesto al consumo, sin alterar significativamente el monto neto total recaudado. Con todo, subir el IVA es una buena opción de política pública que no podemos darnos el lujo de descartar.
