Se dice que los partidos proveen bienes públicos, y que es habitual financiar tales bienes con subsidios, al menos en parte. Pero el fisco ya financia muchos de los bienes públicos generales que proveen los políticos: los miembros de partido que obtienen votos suficientes para llegar a puestos de elección popular acceden a abundantes recursos aparte de su sueldo, que pueden usar para contratar operadores y cubrir gastos del partido. Las asignaciones parlamentarias de diputados y senadores suman $10.848 millones al año. La coalición con votos suficientes para ganar el Poder Ejecutivo obtiene acceso a honorarios para sus operadores. Si hubiera 800 operadores con honorario promedio de $1,2 millón al mes, habría otros $11.520 millones al año en subsidios fuera de períodos de campaña.
Sin embargo, hay problemas. Primero, parlamentarios y Gobierno comparten una fracción pequeña de estos recursos con sus partidos, dejándolos en la escasez. Segundo, un partido no tiene incentivos ni recursos para proveer su bien público más propio, como es dar participación a militantes y simpatizantes. Si los votantes y el sistema electoral entregan los escaños y el puesto de Presidente en forma independiente de la cercanía de los políticos a los problemas de la gente, los políticos y sus partidos pasan a recibir subsidios a todo evento. Es decir, no tienen incentivos a vincularse con la gente. No es de extrañar que el 82% de los encuestados estime que el Estado no debería financiar a los partidos en períodos fuera de campaña (Consorcio de Centros, 2008).
El Gobierno sólo propone atacar el primero de estos problemas, dando un subsidio anual al partido de $500 por voto obtenido en la última elección de concejales. Como esto no incentiva la participación, el Gobierno propone exigir que el 35% de esos dineros vaya a tareas de formación cívica y asesorías a parlamentarios, y prohíbe que se usen en campañas electorales. Sin embargo, nada impide que un partido mantenga en cero la formación cívica, destine el 35% a «asesorías» dadas por operadores y redestine las fuentes que hoy financian «asesorías» de operadores para financiar campañas. Cuando los medios revelen cómo estas exigencias son eludidas, los escándalos reducirán aún más la confianza en los partidos. Además, debido a que se pagaría en función de elecciones realizadas hace años, los partidos nuevos no recibirían nada, y así el gobierno estaría creando barreras a la entrada a la política. La experiencia europea ha sido que el subsidio por voto fortalece las burocracias cuasi estatales en los partidos, aumentando su lejanía de la gente y las barreras.
Proponemos vincular directamente el subsidio con actividades adicionales cumplidas por cada partido. Primero, un subsidio por simpatizante servido en actividades de formación política dadas en parte por parlamentarios y dirigentes del partido, y con asistencia certificada por el Servel. Segundo, como los militantes que pagan cuotas logran más participación interna, proponemos un complemento de 30% a las cuotas pagadas por los militantes, con tope. Tercero, para aprobar leyes de calidad y para proteger a los parlamentarios del lobby, proponemos dotar a los parlamentarios con asesores expertos en legislación (staffers). Para que no sean operadores ni lobbistas, ellos serían contratados, evaluados y removidos por la administración central del Congreso y tendrían dedicación casi exclusiva. Cada staffer sería elegido por el parlamentario desde una quina seleccionada por el Consejo de la Alta Dirección Pública.
Otro defecto serio del actual sistema de financiamiento es el sesgo contra la alternancia. El oficialismo accede a miles de puestos de asesoría en el Poder Ejecutivo, que son recursos para preparar una opción de reelección a ser ofrecida a la ciudadanía. En cambio, no existen fondos públicos comparables para preparar una opción de alternancia. Así, la alternancia en Chile depende excesivamente de las donaciones privadas. Tal como hace Gran Bretaña desde hace tres décadas, proponemos reparar esta asimetría creando un subsidio trimestral para la mayor de entre las coaliciones de parlamentarios que no sean parte del oficialismo al término del trimestre anterior. Si este nuevo subsidio operara a partir de 2010, sería un seguro valioso para todos los sectores.
