La Tercera, 30 de junio de 2014
Opinión

Subvención y educación escolar

Harald Beyer, Sylvia Eyzaguirre T..

Tanto la Presidenta Bachelet como el ministro Eyzaguirre fueron categóricos en su momento en que ningún niño se vería perjudicado por el fin del copago. Ahora, el Mineduc ha sostenido que éste afectará a 200.000 alumnos. Nosotros, sin embargo, hemos estimado en alrededor de 580 mil los perjudicados que asisten a poco más de 900 establecimientos. Ellos serían aquellos estudiantes cuyos colegios, tarde o temprano, contarán con menos recursos, en términos reales, que en la actualidad, aun después de recibir la subvención por gratuidad y la subvención por alumnos de clase media.

El proyecto no contempla recursos adicionales a los recién mencionados. El Ministerio de Educación ha hecho simulaciones que incluyen aumentos de 7% anual en el valor de la Unidad de Subvención Educacional (USE) hasta 2026 para defender un escenario en que ningún estudiante sería perjudicado. Un primer problema es que estos reajustes no están comprometidos en el proyecto y, por tanto, son meras especulaciones sin sustento efectivo. Un segundo problema es que, si la USE se reajustará en este monto, aun así habría estudiantes perjudicados. El propio Mineduc nos informa que el subsidio efectivo alcanzaría hacia 2026 un poco más de 115 mil pesos mensuales (pesos 2013) para los grupos medios altos y altos. Pero hoy existen estudiantes que cuentan con más recursos que estos. Por tanto, seguirán existiendo proyectos educativos y, por tanto, familias y estudiantes perjudicados.

Que el gobierno aspire a lograr más igualdad en el financiamiento de la educación es bienvenido, pero los recursos que invierten esas familias suplen un déficit histórico de aportes del Estado a la educación escolar, que el proyecto no resuelve. De hecho, los montos que reciben los niños con el copago más alto, respecto de nuestro ingreso per cápita, son similares a las inversiones que, medidos por esta misma vara, realizan los países de la Ocde. Asimismo, Dante Contreras y Francisco Gallego consideran una subvención de $ 170.000 mensuales por alumno para garantizar calidad (Cap. 14 en el libro 95 Propuestas para un Chile mejor), un monto considerablemente mayor que lo que recibe un alumno con el copago más alto ($ 137.000).

Resulta importante aclarar que en los últimos años, la USE ha aumentado su valor en pesos en un 5% anual, porque su incremento es equivalente al reajuste de salarios del sector público. Este es absorbido prácticamente en su totalidad por aumentos de costos directos. Por ello, un incremento de 7% no es particularmente elevado. Pero si ocurriera, los perjudicados, aunque en ningún caso desaparecerían, disminuirían a alrededor de 210 mil estudiantes que asisten a casi 300 colegios (se supone que en aquellos establecimientos que no son afectados por la caída en el valor real del copago máximo este se mantiene en términos reales durante la transición).

Más allá de discrepancias puntuales, creemos que nuestra propuesta no cambia la esencia del proyecto que termina con el copago, sólo equilibra de mejor forma los intereses de los alumnos y sus familias con el propósito del gobierno de tener un sistema de financiamiento adecuado, equitativo y que promueva la integración social.