Se critica que Chile no ofrece a todos un salario que permita financiar un consumo familiar básico de $250 mil al mes. La situación real es peor: el número de empleos para los pobres es muy inferior a las necesidades de las familias pobres.
Según la encuesta Casen 2006, el porcentaje de las personas en el quintil más pobre que tiene empleo es sólo 34%. En cambio, en la mitad de mayor ingreso el porcentaje de personas que tiene empleo es 63%. En el quintil más pobre, el empleo no es la actividad principal de los adultos. Los trabajos con aprendizaje y promoción social son minoritarios. El tráfico de drogas y la delincuencia tientan a muchos. La falta de empleo desalienta a los jóvenes a capacitarse y el mal ejemplo reproduce la desigualdad. Por estas razones, la desigualdad en tasas de empleo es más abrumadora que la desigualdad salarial.
Por eso, existe una restricción ética, que toda política social debería respetar: «Evitar que la tasa de empleo de las familias pobres caiga por debajo del nivel requerido por la dignidad y el sentido de pertenencia a la sociedad».
Chile viola esta restricción ética, como indican las cifras de desigualdad en empleo según ingreso. ¿A qué se debe esto? A muchos factores, pero desde 1998 el gobierno ha tomado medidas que reducen más los empleos para los pobres. En España, Portugal y Estados Unidos el salario mínimo es menos de 40% del salario mediano. Pero entre 1998 y 2006 el gobierno elevó el salario mínimo para un soltero desde 44% a 59% del salario mediano.
Entendemos que el gobierno lo hizo para mejorar el ingreso de los pobres. En efecto, eleva el poder negociador de quienes conservan el empleo. Sin embargo, la ley no puede obligar a los empleadores a contratar personas. Así, el otro efecto de aumentar el salario mínimo legal es empujar a los empleadores a cerrar aquellos puestos cuya productividad queda por debajo del nuevo salario mínimo. Cuando el gobierno subió el mínimo legal desde 44% a 59% del salario mediano, la tasa de empleo del quintil más pobre cayó en 8 puntos porcentuales, respecto del promedio para la mitad de mayor ingreso. Esta destrucción de empleos redujo el ingreso de las familias de baja calificación, y además las privó de una tasa de empleo decente.
El auge del cobre iniciado en 2004, unido a la decisión del gobierno de ahorrar ese ingreso extraordinario, cambiaron el escenario. El Estado podría usar los intereses que genera dicho ahorro para aliviar este drama en forma permanente, bajo la condición de que no gaste dicho stock de ahorro. ¿Cómo hacerlo? Es uno de los temas que analiza la Comisión Asesora sobre Trabajo y Equidad.
Deberíamos rechazar las políticas que privan a los pobres de una tasa de empleo decente. Las garantías de ingreso que ofrecen muchos países europeos, bajo la condición de no trabajar, reducen el empleo. Por ejemplo, Alemania otorga un subsidio de desempleo permanente, pero si la persona toma un trabajo y gana 500 euros, el Estado reduce el subsidio en 400 euros.
Mi propuesta es extender a los pobres el subsidio para los jóvenes incluido en la reforma previsional. Se crearía un subsidio igual a las cotizaciones previsionales (todas), con un tope de $35 mil al mes. Tal como en EE.UU., este subsidio se rebajaría para quien declare ingreso laboral superior al ingreso mínimo y jornada completa, en un porcentaje del exceso del ingreso declarado por sobre el ingreso mínimo para jornada completa. Para no estimular la subdeclaración, el porcentaje de rebaja debería partir pequeño. Sólo aumentaría cuando el ingreso declarado supere dos salarios mínimos para jornada completa.
El empleador tendría derecho a recibir la mitad de este subsidio, que se imputaría a las cotizaciones que declare y pague por cuenta de ese trabajador, el que recibiría la otra mitad del subsidio. Para crear más empleo, conviene permitir a cada trabajador aportar su mitad del subsidio, o parte de él, a cubrir la otra mitad de las cotizaciones que declara y paga el empleador. Así, el efecto del subsidio se dividiría en dos: más empleo y más salario líquido. Ambos contribuirían a aumentar el consumo de los pobres.
Este subsidio no basta para lograr una tasa de empleo decente para los pobres. Hacerlo requiere redefinir el salario mínimo para adultos como un porcentaje del ingreso laboral mediano. Esta meta no debería exceder de 45% en el largo plazo. Cuando el salario mínimo esté desalineado de dicha meta, como ocurre ahora, debería ser ajustado gradualmente con alguna fórmula definida por ley.
