En las próximas dos semanas será rendido por última vez el SIMCE, o al menos eso es lo que se pretende. Tras décadas de existencia y luego de casi 4 años de que no pudiera ser aplicado producto del estallido y la pandemia, el Mineduc está haciéndose cargo –a regañadientes– de aplicar el instrumento.
En las próximas dos semanas será rendido por última vez el SIMCE, o al menos eso es lo que se pretende. Tras décadas de existencia y luego de casi 4 años de que no pudiera ser aplicado producto del estallido y la pandemia, el Mineduc está haciéndose cargo –a regañadientes– de aplicar el instrumento. Y es que a pesar del deseo que tenían de suspenderlo –para no “agobiar”–, el Consejo Nacional de Educación no les permitió cortar una herramienta que es imprescindible para conocer y abordar los vacíos de aprendizajes y de desarrollo personal y social que dejó el excesivo y prolongado cierre de escuelas.
En la mitad de esta catástrofe educativa, es al menos curiosa la insistencia de quienes dirigen la educación de intentar derribar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), culpando a esta institucionalidad no solo de “no haber logrado mejorar los aprendizajes”, sino de cargar de presiones y evaluaciones al sistema. ¿Qué proponen además de una incomprensible distracción? Vagamente han dicho que esperan contar “con un sistema de evaluación que combine varios niveles (…), y que se complemente con las evaluaciones que realizan los mismos docentes”. Aparte de la intención de no contar con información del terremoto educacional, han respaldado un proyecto de ley que busca regular las horas de libre disposición para que en ellas no se cursen asignaturas obligatorias, limitando así la posibilidad de reforzar las materias habilitantes para la dañada trayectoria escolar.
¿Cuál será el afán de acabar con una institucionalidad (SAC) que justamente ha ampliado el concepto de calidad más allá de los logros de aprendizaje, desplegando iniciativas para fomentar el correcto uso de la información y disponibilizando nuevos dispositivos de apoyo y orientación para las comunidades educativas? Sin las pruebas estandarizadas externas, ¿cómo vamos a identificar aquellos establecimientos que requieren de apoyo? ¿Cómo vamos a informar a padres y apoderados acerca de cuánto han aprendido los estudiantes? ¿Cómo vamos a reconocer y difundir buenas prácticas? Por supuesto que este instrumento es perfectible, pero no tiene sentido ponerle fin. La información que entrega ha sido un aporte importante para la orientación de políticas educativas, contribuyendo así al fortalecimiento de directivos y docentes en torno a las reflexiones de aprendizaje y enseñanzas que derivan de sus resultados.
Los anuncios con que se han delineado sobre los cambios al SAC pretenden, en realidad, despojarse de un sistema que busca generar un equilibrio entre la responsabilidad académica y administrativa de los establecimientos y diversos mecanismos de apoyo para éstos, combinando así la autonomía con el escrutinio público. Esta distracción no solo nos hará perder tiempo irrecuperable, sino que, al basarse en un errado diagnóstico, nos llevará a un sistema basado en la mediocridad y a la pérdida de oportunidades para alcanzar mayores grados de justicia social. Dejemos de lado las distracciones y pongamos el foco donde corresponde: las niñas, niños y jóvenes que piden a gritos recuperar el tiempo perdido.
