Si bien la ley exige, ante un incumplimiento de la meta fiscal, que el ministro de Hacienda presente al Congreso Nacional un conjunto de acciones correctivas que permitan retornar a una trayectoria de sostenibilidad fiscal, crea un resquicio para borrar con el codo lo escrito.
Hecha la ley, hecha la trampa. En agosto de 2024 se aprobó la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal que buscaría robustecer el marco jurídico como respuesta ante la preocupación por la tasa de crecimiento de la deuda fiscal. Sin embargo, termina haciendo todo contrario. Si bien la ley exige, ante un incumplimiento de la meta fiscal, que el ministro de Hacienda presente al Congreso Nacional un conjunto de acciones correctivas que permitan retornar a una trayectoria de sostenibilidad fiscal, crea un resquicio para borrar con el codo lo escrito.
No debiéramos sorprendernos. Mientras el ministro promovía este proyecto de ley en el Congreso, se negaba a corregir a la baja la proyección de ingresos del año 2024, incluso después de la operación renta y desoyendo los reiterados llamados del Consejo Fiscal Autónomo. El déficit cíclicamente ajustado para 2024 fue de 10 billones de pesos, equivalente a 3,3% del PIB, incumpliendo la meta de déficit estructural de -1,9% del PIB. Según la directora de Presupuestos, dos tercios de la diferencia entre la meta y el déficit efectivo responden precisamente a menores ingresos tributarios.
El ministro de Hacienda presentó en el último informe de finanzas públicas (IFP) las acciones correctivas para retornar a una senda de convergencia fiscal. Una parte importante de las medidas tiene relación con mejorar la estimación de los ingresos fiscales. ¡Insólito! Otra parte tiene relación con reducir el gasto fiscal. Estas tendrían un efecto de ahorro de 0,58% del PIB para 2025, el resto se lo heredan al próximo gobierno; ¡excelente negocio! Empero, un grupo importante de estas medidas corresponde a proyectos de ley, cuya aprobación no depende del ministro. Pero no solo le arroja la responsabilidad al Congreso, sino que además tiene la desfachatez de condicionar la responsabilidad fiscal a la aprobación del programa de gobierno del Presidente Boric, pues algunas de las medidas corresponden a programas políticos, como el reemplazo del crédito universitario (CAE) por una suerte de impuesto a los graduados. Y si eso fuera poco, ni siquiera en este caso se trata de reducción del gasto; más de la mitad de las acciones legislativas suponen en realidad un aumento en los ingresos. Así, las medidas para retornar a la senda de la sostenibilidad son un simple saludo a la bandera.
Pero eso no es lo más grave. Junto con presentar medidas “correctivas”, se anunció el envío de un decreto para cambiar la meta fiscal en 2025 y 2026 haciendo uso de un resquicio. La nueva ley contempla una cláusula de escape razonable ante “eventos extraordinarios y transitorios, ajenos al accionar propio de la administración y que ocasionen un deterioro significativo en la actividad económica, el empleo o perjudiquen considerablemente la situación financiera o sostenibilidad económica y/o social del país”. Esta cláusula está regulada en la propia ley y establece como causales los desastres naturales o eventos nacionales o internacionales que ocasionen un deterioro significativo de las condiciones macroeconómicas del país. Sin embargo, la ley también contempla “otras causales extraordinarias”, que para sorpresa no están en absoluto reguladas. Ello abre la puerta para que ningún ministro cumpla con las metas fiscales; como precisamente lo está haciendo el ministro Marcel. El ministro decidió echar mano de este resquicio para presentar una nueva meta de balance estructural y así hacernos creer que cumplió con la meta al cambiarla por secretaría, aumentando el déficit para este año de -1,1% a -1,6% del PIB. Los argumentos que utiliza para justificar este resquicio están lejos de satisfacer causales “extraordinarias”.
¿Cómo es posible que el ministro de Hacienda se salte la institucionalidad a punta de resquicios mal justificados y no pase nada? ¿Cómo puede decirnos la directora de Presupuestos en el último IFP que el “compromiso con la responsabilidad fiscal ha guiado el actuar del gobierno” y que la meta del Balance Cíclicamente Ajustado de -1,6% del PIB es un objetivo desafiante y ambicioso? A otro perro con ese hueso.
