Más allá de todo lo que ha salido a la luz sobre Dobra Lusic, lo realmente preocupante es la forma en que se están eligiendo a nuestros ministros de la Corte Suprema, que es la autoridad máxima del poder judicial, que es uno de los pilares que sostiene al estado democrático de derecho.
Chile vive una profunda crisis de sus instituciones. Hemos sido testigos de la debacle de la Iglesia Católica a propósito de los abusos sexuales a menores, donde han caído figuras que hasta hace poco inspiraban respeto y admiración. Pero la principal gravedad no radica en los delitos cometidos por algunos sacerdotes, sino en la política institucional de la Iglesia que durante años encubrió a estos criminales. Hemos visto la caída de Carabineros y del Ejército a propósito de la malversación de fondos y enriquecimiento ilícito de algunos superiores, dos instituciones que gozaban de la confianza de la ciudadanía y que son claves para nuestra seguridad. La pelea entre los fiscales Arias y Moya deja en evidencia malas prácticas, tráfico de influencia y eventualmente incluso corrupción, debilitando enormemente la institucionalidad nacional cuya misión es perseguir los delitos. El financiamiento irregular de las campañas políticas que toca prácticamente a todos los políticos terminó por socavar la baja confianza de la ciudadanía en los partidos y el parlamento, que es uno de los pilares de la república democrática. El poder judicial no ha quedado incólume. La acusación de corrupción contra algunos ministros de la corte de apelaciones de Rancagua deja en evidencia que también en el poder judicial se cuecen habas. A ello se suma el espectáculo que estamos presenciando ante el próximo nombramiento del ministro de la Corte Suprema. Más allá de todo lo que ha salido a la luz sobre Dobra Lusic, lo realmente preocupante es la forma en que se están eligiendo a nuestros ministros de la Corte Suprema, que es la autoridad máxima del poder judicial, que es uno de los pilares que sostiene al estado democrático de derecho.
Chile cambió y los estándares de probidad del pasado quedaron obsoletos. Este desfase cultural ha provocado en parte la pérdida de confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones. Los ciudadanos exigimos meritocracia en los cargos públicos, probidad en el uso de los recursos fiscales y transparencia. En esta dirección debiéramos avanzar para recuperar la confianza en nuestras instituciones. Por eso resulta desconcertante la forma en que se ha estado llevando la elección de nuestro próximo ministro de la Corte Suprema. ¿No debiera ser un proceso transparente, donde lo que prime sea la probidad junto con el más alto estándar profesional? La opacidad del actual sistema de elección genera suspicacias respecto de los verdaderos fines que se persiguen cuando se designan a estas autoridades, así como también a los ministros del Tribunal Constitucional, consejeros del Consejo de Defensa del Estado, consejeros del Consejo Nacional de Televisión, Fiscal Nacional, Contralor, suma y sigue. En esta línea, es una señal positiva el acuerdo que tomó el Pleno de la Corte Suprema para hacer pública la agenda de todos los jueces del país, aun cuando esta obligación no conlleva sanción por incumplimiento. Pero, ¿no debiera ser esto materia de ley en vez de estar sujeto a la voluntad de nuestros magistrados?
Debemos seguir fortaleciendo las instituciones del Estado por el bien de nuestra democracia. Esto exige buena voluntad de todos los partícipes del poder, pues sin duda implica ceder una cuota de este. En tiempos del cólera la transparencia, la probidad y la meritocracia son nuestros mejores aliados, curioso que algunos todavía no se dan cuenta.
