Otra vez TVN al centro del debate, y no por sus programas, sino por su relación con el sistema político. Suele ser así. Hace algunos años fue el interés del gobierno del Presidente Aylwin en que una anunciada entrevista a Michael Townley no se emitiera antes que se fallara el Caso Letelier. Hace poco fue el interés de que no se emitiera una serie sobre la Guerra del Pacífico en momentos en que se negociaban acuerdos comerciales con Perú. Y siempre la política se crispa para las elecciones y para la designación del Directorio de TVN, cuando se pone en movimiento la delicada geometría compensatoria del cuoteo, el pago de viejas deudas y el cobro de amasadas venganzas.
Hoy se trata de algo un tanto inesperado: la mujer de un aspirante a La Moneda es una conocida animadora de TVN. Fuera de su trabajo, ella, claro, colabora con su marido. Otras candidaturas han reclamado, pidiendo a TVN tomar cartas en el asunto y tensionando, de paso, al sistema político.
En esto nada nuevo hay bajo el sol. TVN se fundó a fines del gobierno de Frei Montalva como una sociedad de responsabilidad limitada; es decir, como una empresa privada. Paralelamente, ese mismo gobierno mandaba al Congreso un proyecto de ley para la televisión, entre cuyos objetivos estaba, precisamente, la fundación de TVN como una entidad de derecho público. ¿Por qué el apuro en fundar el canal, sin esperar la ley? Porque el año siguiente había elecciones. Más de alguno se acordará, y hay registros, de la manera en que la naciente TVN trató de influir las elecciones de 1970.
Después, las relaciones de la estación con el sistema político fueron aún más estrechas e incestuosas. Un hecho lo grafica de un modo tan elocuente como dramático: Augusto Olivares, presidente de TVN y amigo cercano de Salvador Allende, se suicidó en La Moneda un par de horas antes que éste. Después del Golpe, mejor ni hablar. TVN fue el vocero del Régimen sin filtros ni autonomía alguna, como corresponde a la estación de gobierno en una dictadura.
Bajo los gobiernos de la Concertación, TVN ha estado a una distancia del Gobierno que no tuvo nunca en su historia. Éste ejerce influencias, por supuesto, pero hoy no todos los hilos del canal son movidos, como antes, desde La Moneda. Más bien, TVN es hoy una criatura del sistema político representado por el Gobierno y el Senado. Ambos órganos intervienen en la designación de sus autoridades, convirtiendo al canal en un fiel reflejo del más rancio «establishment» político. Sin duda, esto implica una influencia política que es transversal, al menos más que el unilateral manejo que antes hacía el puro Gobierno. Aquí hay un avance, pero éste no impide preguntarse por la necesidad y conveniencia de tener a TVN hoy y, menos, en el mañana de la televisión digital.
Quienes defienden la existencia de TVN tienen la carga de la prueba, porque a ellos corresponde justificar el hecho de que el Estado produzca y emita, directamente, contenidos simbólicos. ¿Por qué ha de hacerlo, existiendo todo un sistema de medios de comunicación en operaciones, al que el Estado tiene amplio acceso, subsidia y provee de noticias? Esto no quiere decir que el Estado renuncie a la posibilidad de que ciertos contenidos se incorporen a la comunicación social. Pero esto se puede lograr de una forma indirecta, subsidiando mediante un mecanismo razonable y competitivo contenidos que se estimen de interés público. No convirtiéndose en empresario de la radiodifusión televisiva, como lo hace hoy.
A la necesidad de justificar un Estado radiodifusor, quienes defienden TVN deben agregar la necesidad de convencernos de que vale la pena, a pesar de todas las fricciones que su existencia y operación genera en el sistema político, distrayéndolo de cuestiones más importantes. Y, todavía, deben convencernos de la necesidad de TVN en el mundo de la televisión digital, donde la posibilidad de una televisión más diversa y pluralista es una promesa tecnológica.
El propio proyecto de ley que el Gobierno mandó al Congreso para introducir la televisión digital ofrece alternativas interesantes para TVN. Por primera vez se dividen las concesiones de televisión en dos: una para emitir contenidos y otra para operar la red que los transporta. Ambas pueden tener titulares distintos. ¿Por qué no transformar a TVN en una empresa que no emita ella misma contenidos, sino que opere una red para transportar las señales que emitan los más variados radiodifusores dispersos en el territorio nacional? Ésta sí que sería una infraestructura para el pluralismo televisivo, sin tener al Estado como radiodifusor y al sistema político crispado.
Pero la posibilidad de reformar TVN es tabú. A pesar de que es un dolor de cabeza para la política, nadie quiere cambiar nada. No hay espacio para imaginar una televisión pública más acorde con los tiempos y tecnologías que corren. Respecto de TVN, la política parece estar atrapada en el dilema del cuchillo con que Rubén Darío alude al amor: «si me lo dejas, me muero; si me lo quitas, me matas».
