Para el mediano y largo plazo es indispensable lograr un mayor crecimiento tendencial de la economía y evaluar opciones para ampliar la base de ingresos tributarios. En lo más inmediato, urge lograr ganancias de eficiencia en el gasto público y avanzar en reducir la evasión y elusión tributaria. Estas tareas también requieren un fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, incluyendo las capacidades de la Dipres, del Congreso y del CFA.
Que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) evalúe la sostenibilidad fiscal del proyecto de reconstrucción del Ministro Quiroz. Que audite si la Dirección de Presupuestos (Dipres) fue o no consistente en sus estimaciones de deuda pública de mediano plazo. Que identifique los riesgos fiscales de la reforma de pensiones. Que se pronuncie sobre el nivel de la caja que heredó el actual gobierno.
Estas son algunas de las tareas que distintas autoridades y actores políticos y técnicos han sugerido que realice el CFA en los últimos meses. ¿Le corresponde al Consejo realizarlas? ¿Tiene la capacidad para hacerlo?
Desde un punto de vista legal, se puede interpretar que estas labores caen dentro de su mandato amplio de “contribuir al manejo responsable de la política fiscal”, aunque no forman parte de las actividades específicas que señala la ley que lo creó.
Considerando sus capacidades, es claro que su diseño se ideó para un contexto menos desafiante de las finanzas públicas: sus 5 consejeros son de dedicación parcial y tiene un equipo profesional de solo siete personas.
Lo concreto es que mucha agua ha pasado bajo el puente desde que en 2019 se aprobó la creación del CFA, y hoy existe una mucho mayor demanda por sus evaluaciones e informes. Desde su primera sesión, Chile ha enfrentado un estallido social, una pandemia y dos procesos constituyentes. Estos eventos extraordinarios han tenido importantes consecuencias económicas, sociales y políticas. En el ámbito fiscal, han estresado fuertemente las finanzas públicas, lo que se ha reflejado en un empeoramiento de los principales indicadores fiscales.
En efecto, si comparamos 2018 (año previo a la existencia del CFA) con 2025, se observa que: i) la deuda bruta del gobierno central pasó de 26% a 42% del PIB; ii) el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), que es donde el país ahorra para enfrentar crisis, cayó de 5% a 1% del PIB; iii) han existido déficits estructurales en todos los años, salvo un leve superávit en 2022, con un promedio de -3,4% del PIB, lo que ha retrasado la convergencia a una situación de equilibrio; y iv) como consecuencia, Chile bajó un escalón en su calificación crediticia, con advertencias sobre riesgos de nuevas rebajas.
Estos desafíos deben ser abordados como un objetivo país. Para el mediano y largo plazo es indispensable lograr un mayor crecimiento tendencial de la economía y evaluar opciones para ampliar la base de ingresos tributarios. En lo más inmediato, urge lograr ganancias de eficiencia en el gasto público y avanzar en reducir la evasión y elusión tributaria. Estas tareas también requieren un fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, incluyendo las capacidades de la Dipres, del Congreso y del CFA.
Respecto del Consejo, en primer término, se debiera establecer una regla de “cumplir o explicar” que aplique al Ministerio de Hacienda. Esta norma, que existe en otros países, implica que la autoridad debe explicar públicamente las razones para no acoger las recomendaciones del CFA. Esto mantiene estrictamente el rol no vinculante del Consejo, pero aumenta las exigencias a la autoridad para revisar sus recomendaciones y pronunciarse periódica y sistemáticamente respecto de ellas.
Una segunda medida es asignarle nuevas funciones al CFA, con sus respectivos recursos. Tres candidatas son: revisar las proyecciones de ingresos fiscales que realiza la Dipres, para velar por que no haya exceso de optimismo; revisar la consistencia de las proyecciones de deuda pública de la Dipres para contrastarlas con escenarios alternativos y con el nivel prudente actualmente fijado en 45% del PIB; y evaluar los efectos fiscales de proyectos de ley que sean significativos.
Complementariamente, debería aumentarse la dedicación horaria y exclusividad de sus consejeros, con la consiguiente revisión de sus remuneraciones, requisitos e inhabilidades; mejorar el acceso a la información requerida para sus análisis, proveniente principalmente de la Dipres; y contar con mayor autonomía administrativa, por ejemplo, en la gestión de su propio presupuesto.
La actual coyuntura, donde los temas fiscales han estado muy presentes en la discusión pública, es una oportunidad para avanzar en estas materias institucionales, que requieren un esfuerzo de voluntad política que permitan contar con un CFA más robusto para tiempos desafiantes.
