Opinión | El Mercurio, 9 de noviembre de 2017

Un Estado para la ciudadanía

Una misión tan fundamental, y titánica a la vez, no puede ser tarea de un solo gobierno. No alcanzan esfuerzos aislados o intermitentes. La modernización del Estado es resultado de una política de Estado que supone un compromiso permanente y transversal.

La sociedad chilena se ha modernizado. El Estado no lo ha hecho al mismo ritmo y está defraudando las expectativas de la ciudadanía. Cerrar esa brecha es uno de los mayores desafíos de política chilena. Muchos de los avances recientes en el Estado han sido principalmente una reacción a ilícitos de impacto público que obligaron a una reacción política; sin embargo, estos cambios no incidieron sustancialmente en la gestión estatal. Es más, no parece haberse comprendido a cabalidad la importancia social de contar con un mejor Estado, volcado a resolver con un estándar satisfactorio las demandas de las personas

Son innumerables las deficiencias que aparecen cuando se mira en detalle la organización del Estado y su gestión cotidiana. Entonces, se hace evidente la necesidad de mejorar la coordinación en la toma de decisiones, el diseño y evaluación de las políticas, la flexibilidad en la administración de recursos, la transparencia hacia los ciudadanos, y la capacidad de atraer y retener talento. Y así sucesivamente.

Esta preocupación llevó a que en julio de 2016 el Centro de Estudios Públicos convocara a una comisión de 29 personas del mundo privado, académico y público que, a partir de estudios de expertos chilenos y extranjeros (incluida la OCDE) y de su propia experiencia, deliberó durante 15 meses, produciendo un completo informe con propuestas que estará disponible a partir de esta tarde, luego de su presentación oficial.

Se trata de un conjunto de iniciativas que buscan abordar de manera integral una serie de falencias en distintas etapas de la acción estatal, partiendo por la deliberación política, pasando por la ejecución y terminando en la evaluación. A modo de ejemplo, la propuesta contempla la posibilidad de nombrar viceministros en áreas estratégicas para el gobierno; personeros de confianza política, quienes apoyarían las labores políticas de los ministros cuando fuese necesario, facilitando, de paso, el nombramiento de biministros o triministros en el objetivo de mejorar la coordinación de políticas relacionadas. Esta iniciativa es la contracara de otra propuesta que es el nombramiento de subsecretarios profesionales para que se dediquen exclusivamente a apoyar y controlar la gestión de distintos servicios ministeriales. Serán elegidos a través del sistema de Alta Dirección Pública, y junto con este monitorearán que los servicios cumplan con su tarea de servir a la ciudadanía de la forma más efectiva, eficiente y transparente posible. De esta manera, ambas medidas, en conjunto, apuntan simultáneamente a resolver problemas de coordinación, paliar déficits en la gestión política y dedicar expresamente la gestión de los servicios a la atención de la ciudadanía.

El desafío de la comisión se abordó con la convicción de que un acuerdo político amplio en materia de modernización del Estado es tarea inexcusable pero, a la vez, posible. Por lo pronto, existe un interés compartido por contar con un mayor grado de eficacia gubernamental que permita al Estado traducir promesas y programas en políticas públicas concretas y eficaces. Esto es clave en un contexto donde existe la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones, percepción que está inevitablemente ligada a mejoras en la calidad y oportunidad de los servicios públicos prestados. Más aún en un horizonte de restricciones fiscales como el que enfrentamos y que exige responsabilidad, eficiencia y calidad en la gestión del Estado.

Consciente de que el país no puede seguir postergando una agenda continua de cambios que profesionalice al Estado, mejorando sustancialmente su eficacia y orientándolo inequívocamente a la ciudadana, la comisión propone una estrategia política para promover esta agenda. Entre otros aspectos, solicita que el próximo Presidente o Presidenta aproveche el artículo 33 de la Constitución y nombre un ministro coordinador de la reforma del Estado, responsabilizándolo de su impulso. Se postula que esta tarea debe recaer en el ministro de Hacienda o secretario general de la Presidencia y se le exige dar cuenta pública periódicamente de los avances en dicha reforma. Ello ayudaría a materializar el convencimiento general de que el Estado se debe a los ciudadanos, por razones que no son tácticas, sino de profundo sentido social y político. En efecto, la sociedad se articula mejor como un espacio de empatía recíproca si el Estado pone a los ciudadanos en el foco de su gestión. Una misión tan fundamental, y titánica a la vez, no puede ser tarea de un solo gobierno. No alcanzan esfuerzos aislados o intermitentes. La modernización del Estado es resultado de una política de Estado que supone un compromiso permanente y transversal.

Isabel Aninat S.

Isabel Aninat S.

Áreas de Investigación: Pueblos Originarios, Convenio 169, Institucionalidad política, Ley de Partidos.

Ver más del autor
Slaven Razmilic

Slaven Razmilic

Áreas de Investigación: Desarrollo urbano, política habitacional, transporte y descentralización / Modernización del Estado, gestión presupuestaria y de información en el Estado

Ver más del autor