La Tercera
Opinión
Cultura
Liberalismo
Política
Presupuesto público
Sociedad

Un Estado que se reforma por partes

Un Estado que se reforma por partes

“El Estado no es una suma de reparticiones, sino un sistema interconectado: lo que se decide en un ministerio repercute en un servicio, y lo que ocurre en un servicio, en un municipio. Así hay que diseñar las políticas públicas que busquen modernizarlo.”

Publicada en La Tercera.

La historia de la modernización del Estado en Chile ha tendido a ser la historia de sus escándalos. La agenda de probidad de 2006 nació del caso Chiledeportes; el Consejo Asesor contra los conflictos de interés, de Caval; la comisión sobre transferencias a fundaciones, del caso Convenios.

Hay, sin embargo, una excepción que vale la pena destacar. En 2000, la Comisión de Reforma del Estado convocada por el CEP y coordinada por Salvador Valdés diseñó el Sistema de Alta Dirección Pública. Cuando estallaron los casos Coimas y MOP-Gate, la propuesta estaba lista, y el famoso acuerdo entre Ricardo Lagos y Pablo Longueira la convirtió en ley en 2003. Sin ese trabajo previo, es probable que la crisis hubiera demorado mucho más en resolverse.

Esa lección inspira el documento que acabamos de publicar con Alfonso España, Sebastián Izquierdo y Jorge Rodríguez, “Una agenda para la modernización del Estado”. En él reunimos más de tres décadas de trabajo del CEP sobre la materia, además de plantear sesenta medidas todavía vigentes pero que aún no se han implementado. Aparte de la comisión Valdés, sobresale la de Modernización del Estado que convocó Harald Beyer en 2016, y de la cual surgieron dos estudios muy relevantes: Un Estado para la ciudadanía y Más allá de Santiago.

Las propuestas de nuestro documento están ordenadas en diez ejes. Partimos de la constatación de que el Estado chileno no ha sido objeto de una reforma sistémica, sino de modificaciones compartimentadas. Ese patrón ha respondido a crisis como las señaladas arriba, aunque también a incentivos negativos: gobiernos de cuatro años que privilegian resultados visibles y un Congreso fragmentado que suele funcionar en base a vetos, entre otros.

Veamos algunos ejemplos de esta compartimentación.

La discusión sobre la reducción de ministerios es atingente y merece ser analizada en su mérito. Con todo, la evidencia no muestra que las grandes reestructuraciones estatales mejoren por sí solas el desempeño. En efecto, fusionar no elimina la descoordinación, sino que la traslada al interior de la nueva cartera.

Del mismo modo, reformar el Estatuto Administrativo servirá de poco si los directivos de los servicios continúan dependiendo de la confianza política. Las municipalidades, por su parte, siguen fuera de la Alta Dirección Pública y de las normas del Servicio Civil, a pesar de ser la cara más cercana y confiable del Estado.

El gobierno de José Antonio Kast ha dado pasos en la dirección correcta, con la creación de comisiones sobre empleo público y arquitectura del Estado. Pero, otra vez, ellas solo cubren una parte pequeña de los desafíos futuros.

Nada de esto es meramente técnico. El Estado no es una suma de reparticiones, sino un sistema interconectado: lo que se decide en un ministerio repercute en un servicio, y lo que ocurre en un servicio, en un municipio. Así hay que entenderlo y, por lo mismo, así hay que diseñar las políticas públicas que busquen modernizarlo.