(…) destinar más recursos en 2027 a materias pro empleo, en un contexto de estrechez fiscal, necesariamente significará sacrificar otras iniciativas. Pero gobernar requiere priorizar. Y con un desempleo rozando los dos dígitos, el empleo debe ser la prioridad.
Llevamos 43 meses consecutivos con una tasa de desempleo sobre el 8%. Reducirla es hoy una prioridad: detrás de esa cifra hay cerca de un millón de personas con la necesidad de trabajar. Para ello, el Gobierno ha apostado principalmente por dinamizar el crecimiento económico mediante rebajas tributarias y una tramitación más rápida de los proyectos de inversión. Sin embargo, sus frutos tardarán en llegar y su éxito es incierto.
Sin perder de vista que el principal motor de creación de empleo es el sector privado, el Estado tiene el rol de fijar reglas claras y de agilizar sus propios procesos para no transformarse en un obstáculo.
Pero ¿qué más puede hacer el Estado en lo inmediato en el presupuesto público para 2027?
El presupuesto ofrece herramientas para fomentar el empleo. El problema es que el prolongado estrés fiscal actual le impone límites severos. La sostenibilidad y credibilidad de las cuentas fiscales exigen cumplir la meta de balance estructural en 2026 y 2027, tras tres años consecutivos de incumplimientos. Esto significa que el gasto total difícilmente podrá crecer más de 2% el próximo año. Además, más del 80% del gasto base ya está comprometido por leyes permanentes.
En otras palabras, con un crecimiento del gasto muy acotado y buena parte del presupuesto ya comprometida, la principal herramienta disponible es ajustar su composición. En concreto, el Gobierno ya dispone de cuatro líneas de acción para promover el empleo que podrían potenciarse.
La primera son los programas de empleo asociados a coyunturas económicas o “de emergencia”, que se ejecutan a través de la Conaf y del Ministerio del Trabajo y que se distribuyen por región y municipio de acuerdo con sus tasas de desempleo. Actualmente contemplan unos 18.000 cupos.
La segunda son los programas de fomento al microemprendimiento del Fosis, orientados a promover el autoempleo. Hoy cuentan con cerca de 8.000 cupos.
La tercera corresponde a los programas de capacitación e inserción laboral. Estos incluyen empleos directos, como los del Programa de Mejoramiento Urbano, que dispone de unos 2.500 cupos, y empleos indirectos mediante subsidios, que en abril beneficiaron a cerca de 150.000 personas. Cabe recordar que la Ley N.º 21.808, que unificó estos subsidios, comenzará a regir en octubre, por lo que este instrumento está en transición.
La cuarta línea corresponde a los empleos asociados a la inversión pública, que actualmente se estiman en unos 596.000. Esta cifra debe tomarse con cautela: se calcula con coeficientes promedio de empleos generados por cada millón de pesos de inversión, estimados por la Dipres en 2013. Convendría actualizarlos para lograr una estimación más precisa.
Como se ve, el presupuesto sí cuenta con instrumentos para generar empleo, pero su cobertura es baja frente a la magnitud del problema. La excepción es la inversión pública, que es más masiva. Sin embargo, también enfrenta dificultades: desde la pandemia no ha logrado ejecutarse plenamente y en ningún año ha alcanzado siquiera el 90%. Para 2026, la Dipres espera ejecutar el 95% del gasto de capital presupuestado. Pero después de siete meses la ejecución llega solo al 43,5%, por lo que esa meta luce poco realista.
¿Qué deberíamos mirar, entonces, para evaluar si el presupuesto 2027 es realmente pro empleo?
En primer lugar, que aumente la inversión pública. Pero no basta con asignarle más recursos. La experiencia reciente demuestra que también se necesita mejorar la gestión para lograr ejecutarlos, tanto de quienes formulan los proyectos como de quienes los evalúan e implementan. Incluso, para proteger la inversión, existen propuestas para limitar que durante el año se reasignen montos significativos de ella para cubrir déficits recurrentes de gasto corriente.
En segundo lugar, será clave que el nuevo subsidio unificado al empleo se implemente efectivamente y alcance una cobertura superior a la suma de los instrumentos que reemplaza. Esto, pues una de las principales razones para crearlo fue hacerlo más atractivo y reducir la burocracia de los instrumentos anteriores. Por eso, conviene monitorear de cerca su puesta en marcha.
En tercer lugar, debiera evaluarse aumentar la cobertura de los empleos de emergencia. Ellos fueron diseñados precisamente para responder a coyunturas complejas del mercado laboral. La Dipres ha mantenido tradicionalmente una razonable prudencia respecto de este instrumento, porque una vez asignados los cupos a una región o municipio resulta políticamente difícil retirarlos.
Por ello, cualquier aumento de cobertura debiera ir acompañado de un compromiso político transversal para retirar los cupos cuando las estadísticas de empleo muestren objetivamente una mejora. La experiencia del retiro de las ayudas extraordinarias implementadas durante la pandemia en 2022 es un buen referente para esto.
A lo anterior se debieran sumar nuevas herramientas y esfuerzos. En este sentido, cabe interpelar a cada ministerio sobre cuál será su aporte para aumentar el empleo, tal como se hizo en el pasado para enfrentar otras situaciones críticas, como la pandemia y el terremoto de 2010.
En definitiva, destinar más recursos en 2027 a materias pro empleo, en un contexto de estrechez fiscal, necesariamente significará sacrificar otras iniciativas. Pero gobernar requiere priorizar. Y con un desempleo rozando los dos dígitos, el empleo debe ser la prioridad.
