Las autoridades del gobierno anterior han defendido la licitación del Transantiago sin matices.
Curiosa actitud para un debate que debiese ser técnico y tener a la vista los intereses de los ciudadanos por sobre los políticos. La licitación que se acaba de bajar tenía varios defectos, los principales son: i) no propiciaba la competencia entre oferentes, ii) rigidez en los contratos para adecuar la oferta a la demanda y iii) sistema de pago al proveedor que, al no tener una adecuada fiscalización, no favorecía un buen servicio a los pasajeros. Las mallas de recorrido son muy grandes y exigen una inversión de capital importante que reduce la entrada de nuevos actores, sin aportar en eficiencia. Además, las empresas debían contar con sus terminales de buses, elevando aún más las barreras de entrada. No es de extrañar que para seis mallas de recorrido concursaran sólo siete empresas. De estas, cuatro ofrecen actualmente el servicio y no compitieron entre ellas en ningún recorrido. Las barreras de entrada fueron denunciadas por dos empresas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
La licitación contemplaba, además, una oferta bastante rígida a diez años, que obstaculizaba la adaptación a la variación de la demanda en un contexto de expansión de la red de metro. Por cierto, a mayor flexibilidad, mayor costo; pero hay experiencias internacionales exitosas que podríamos copiar. Finalmente, el pago era en un 70% por kilómetro recorrido. Los incentivos estaban puestos en tener la mayor cantidad de buses en las calles y recorrer grandes distancias lo más rápido posible, y no en llevar a los pasajeros. Si bien la licitación contemplaba multas por no parar, la fiscalización de once mil paraderos resultaba casi imposible.
Por cierto, retrasar la licitación tiene costos. El Gobierno deberá negociar la extensión de los actuales contratos con las manos atadas y terminará pagando un sobreprecio. Los usuarios deberemos esperar al menos un año para ver mejoras en el sistema. La pregunta técnicamente relevante es si las potenciales mejoras a la licitación justifican el costo de bajarla. La ministra ha sido valiente al responder que sí, asumiendo el riesgo político de esta decisión, pues sabe que en un año y medio deberá licitar el resto de las mallas de recorrido, recayendo en este Gobierno la responsabilidad completa por el funcionamiento de la pesadilla de Santiago.
