(…) es imprescindible tener en consideración que la descentralización no es un fin ni un bien en sí mismo que debemos perseguir.
Estamos a punto de embarcarnos en el segundo –y esperemos definitivo– proceso constitucional. Como tal, es una nueva ocasión para repensar el marco de la organización de nuestro país, de cómo nos organizamos administrativa, política y fiscalmente a lo largo y ancho de Chile. En definitiva, es una nueva oportunidad para las regiones y el país entero de repensar nuestra organización territorial. Entonces, ¿Queremos más o menos descentralización? ¿Cómo nos imaginamos un país más descentralizado? Las respuestas a estas preguntas no son triviales. Al contrario, tal como nos indica la última encuesta CEP (Encuesta CEP N°88, Noviembre-Diciembre 2022), una de las cuatro razones principales (incluyendo la segunda más importante) que las personas tuvieron a la vista para votar “rechazo” en el plebiscito de salida fue precisamente la forma en cómo quedó expresada la organización del Estado. Esto incluye el sistema político, por cierto, pero también el Estado regional. Así, la “Constitución de las regiones” fue rechazada en todas las regiones de nuestro país y en prácticamente todas las comunas. Por ende, para ser exitosos, no da lo mismo cómo nos embarquemos en esta empresa.
Las bases constitucionales del acuerdo, traspasadas a la reforma constitucional que habilitó el nuevo proceso, incluyen expresamente la definición de que Chile es “un país unitario y descentralizado” (Art. 154 de la Constitución, numeral 2°). Esta base del nuevo proceso tiene dos facetas: un mandato hacia la definición de una organización descentralizada que mantenga la caracterización de un país que es “uno e indivisible”, tal como históricamente ha sido llamado en nuestra tradición constitucional. Al respecto, en la literatura se ha identificado que más importante que las denominaciones categóricas que pueda hacerse cada tipo de Estado, las reglas, normas y principios son las que en última medida definen qué tipo de Estado es (ver, por ejemplo, Arretche 2022). Así, un país unitario puede tener diferentes grados de descentralización política y fiscal, además de administrativa, sin perder su calidad de tal. Así las cosas, se mantiene la promesa de la descentralización. Una en la que ciertamente se ha mejorado en el último tiempo –lamentablemente, la proximidad del proceso con las últimas reformas en materia de descentralización que se han llevado a cabo, no nos permitirá evaluar con profundidad qué debemos mejorar y qué debemos mantener–, pero en la que falta profundizar más.
Ahora bien, es imprescindible tener en consideración que la descentralización no es un fin ni un bien en sí mismo que debemos perseguir. Al contrario, es un medio para perseguir determinados fines. Así, parece relevante identificar aquellos bienes o fines que queremos lograr en este nuevo proceso, y entonces determinar qué formas y soluciones de diseño institucional descentralizadoras pueden promover o incluso permitir obtener aquellos bienes. Por ejemplo, en materia de participación ciudadana, buscar consolidar espacios de involucramiento de la sociedad y las personas en la toma de decisiones bien puede partir por acercar la institucionalidad a las personas. Por otro lado, considerando que una preocupación latente es la rehabilitación de las instituciones políticas, la descentralización también puede configurarse como un mecanismo al complejizar la arena política. Más actores políticos relevantes, como lo es por cierto la figura del gobernador regional, generan nuevos espacios de competencia. En el mismo sentido, la descentralización política es también una forma de generar mayores contrapesos al ejercicio del poder. Pero, para todo esto, es absolutamente relevante que cada autoridad subnacional y local cuenten con atribuciones claras y recursos para ejecutarlas. El nuevo proceso será el momento para avanzar, y no retroceder, en estas materias.
