La historia se repite. Hace 32 años, en 1976, la «Comisión Ortúzar» sentó las bases de la regulación televisiva vigente mediante una propuesta esquizofrénica: por una parte, liberalizó el régimen de concesiones, permitiendo la entrada de operadores privados de TV; pero, por la otra, aumentó la intervención estatal sobre los contenidos televisivos, con una intensidad que no tiene ningún otro medio de comunicación.
Hace pocos días, el Gobierno mandó al Congreso la reforma con que se busca adaptar la regulación a la futura TV digital. Son dos proyectos. Uno sobre la Ley de TV y el Consejo Nacional de TV (CNTV). El otro, sobre el canal estatal TVN. Esta reforma adolece de una esquizofrenia parecida a la de 1976.
Respecto del régimen de concesiones, hay un progreso. Se aplica la categoría de servicios «intermedios» de la Ley de Telecomunicaciones a la TV, lo que permitirá un régimen más flexible y versátil para que distintos operadores puedan aprovechar las ventajas y aplicaciones de la TV digital. Algunos detalles deberán afinarse durante el debate legislativo, como el tránsito de las actuales concesiones hacia este nuevo régimen; pero, básicamente, es un paso adelante.
Respecto de los contenidos, sin embargo, otra vez hay un retroceso. Se resucitan las «cadenas» televisivas bajo el eufemismo de «campañas de utilidad o interés público». El gobierno de turno propondrá al CNTV determinadas campañas. Si éste las aprueba, los canales estarán obligados a transmitirlas gratuitamente.
Es decir, además de la franja electoral, los canales serán obligados a transmitir lo que esas autoridades decidan. ¿Se justifica semejante intervención estatal? Creo que no, pues el Gobierno tiene medios suficientes para desplegar sus campañas, como lo ha hecho hasta ahora, y, además, está TVN, que tiene cobertura nacional, y difícilmente se negará a transmitir una campaña oficial.
También respecto de TVN hay retrocesos. De partida, se le encomienda servir al «bien común». Difícilmente se podría haber pensado en un concepto más difuso y controvertido. Además, se le permite recibir aportes fiscales especiales, rompiendo su pie de igualdad frente a los demás canales. Y se le impone una cuota de producción nacional, resucitando un trasnochado proteccionismo cultural.
Si no se privatiza -lo más sensato, a mi juicio-, habría que ser más ingeniosos con TVN. Ejemplos interesantes existen, como el Canal 4 británico o la red Kordia, en Nueva Zelandia.
A diferencia de lo que ocurre hoy, en 1976 no había Congreso ni deliberación democrática. Ojalá esté aquí la terapia para tan porfiada esquizofrenia.
