Vivir en la calle no es una “elección”. La evidencia indica que suele ser el resultado de una serie de factores: violencia intrafamiliar, abandono, consumo de drogas/alcohol, discapacidad, inestabilidad laboral, dificultades de acceso a la vivienda, entre otros.
El Censo 2024, al igual que en 2017, contempló la recolección de la información de personas en situación de calle como parte del registro de la población total. La caracterización de las 21.750 personas censadas en estas circunstancias se dio a conocer durante esta semana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en una de sus conferencias ciudadanas, sin una adecuada cobertura de prensa como debiese tener un tema tan relevante y urgente como este.
El total de personas censadas en situación de calle es consistente con la información del Ministerio de Desarrollo Social, que mantiene un catastro a través del registro social de hogares. En 2024 contabilizan 21.272 personas, lo que corresponde a un 0,1% de la población total, cifra que ha tenido un aumento sostenido desde 2020 y prácticamente se ha duplicado respecto de 2017.
Las regiones de Valparaíso (12%), Metropolitana (39%), Tarapacá (9%) y Antofagasta (7%) son las que presentan un mayor número de personas censadas en situación de calle respecto de su población total. La mayor parte son hombres (81,7%) con un promedio de edad de 43,9 años, superior a los 38 años de la población total. Este grupo tiene en promedio 9 años de escolaridad, una tasa de alfabetización de 91,4%, un 29,8% tiene discapacidad y un 13,6% son inmigrantes, principalmente venezolanos (42,5%) y colombianos (21,4%).
En esta población, los 817 niños, niñas y adolescentes censados -así como personas mayores- están aún más expuestos, por ejemplo, a riesgos de explotación y abuso, vulneración de derechos y daños en su desarrollo irreversibles en el caso de la niñez, además de mayor probabilidad de enfermedades y de muerte prematura.
Vivir en la calle no es una “elección”. La evidencia indica que suele ser el resultado de una serie de factores: violencia intrafamiliar, abandono, consumo de drogas/alcohol, discapacidad, inestabilidad laboral, dificultades de acceso a la vivienda, entre otros. Aunque estos ámbitos son materia de la política pública, el Estado y la sociedad falla, las políticas públicas no llegan o no resultan suficientes ni eficaces para evitar que cada año más personas terminen en situación de calle.
Contarlas en un censo, registrarlas, e incluso caracterizarlas no basta, así como tampoco basta que nos preocupemos y alarmemos solo cuando llega el invierno porque nos conmueve la muerte por frío de una persona en el espacio público y nos olvidemos apenas llega el buen clima.
Lo que se requiere es tener una agenda que gestionar, que los programas fijen metas medibles, que cuenten con los recursos que permitan intervenciones de largo plazo en vivienda, tratamiento, apoyo financiero y redes que permitan mantener a las personas en espacios seguros y dignos. No podemos naturalizar el aumento progresivo de este fenómeno, nuestro deber es empatizar y ocuparnos de las personas más vulnerables de nuestro país.
