La sombra de la abstención electoral parece proyectarse cada vez con más fuerza a medida que se acercan las elecciones municipales. La discusión se ha centrado sobre cuán bajos serán los niveles de participación electoral.
¿Reponiendo el voto obligatorio aumentaremos la legitimidad en las instituciones? Esa respuesta parece ser una solución por secretaría.
La sombra de la abstención electoral parece proyectarse cada vez con más fuerza a medida que se acercan las elecciones municipales. La discusión se ha centrado sobre cuán bajos serán los niveles de participación electoral.
Las elecciones municipales del 2012 fueron las primeras efectuadas bajo el sistema de inscripción automática y voto voluntario. En aquella elección, un 43 por ciento de los chilenos acudió a las urnas. Ahora bien, la entrada en vigencia de la reforma evidenció la tendencia a la baja de los votantes como proporción de la población en la edad de votar, que antes se escondía detrás de una participación electoral calculada sobre el total de inscritos. Y además redujo el sesgo etario respecto del padrón antiguo (Cox y González, 2016), lo que constituye una mejora importante para la representatividad de nuestra democracia.
Según varios analistas, es probable que la participación electoral en estas elecciones municipales sea aún más baja, ubicándose en torno al 30 por ciento. Frente a dichos vaticinios, varias voces llamarán a restablecer el voto obligatorio como una manera de solucionar un supuesto problema de legitimidad política producto de la alta abstención.
La pregunta es ¿reponiendo el voto obligatorio aumentaremos la legitimidad en las instituciones? Esa respuesta parece ser una solución por secretaría. Quizás obligarnos a todos a votar le dará mayor legitimidad a las autoridades elegidas, dado que todos votaremos para escogerlas, y nos quedaremos tranquilos por haber recuperado los altos porcentajes de participación electoral. Pero ello no será la solución para un problema más de fondo: la llamada crisis de confianza.
En los 1990´s y 2000´s el voto era obligatorio pero la tendencia a la baja en la confianza en las instituciones ya se evidenciaba, incluyendo sobre aquellas que guardan directa relación con el sistema democrático como son el Congreso y los partidos políticos. Por ejemplo, desde fines de 1990 en adelante, la identificación con los partidos cae sostenidamente. Además, cambiar las reglas del juego tan prontamente, con todos los desafíos administrativos y logísticos que ello implica, podría ser contraproducente. Incluso más, según la última encuesta Auditoría a la Democracia del PNUD, el 62 por ciento de las personas se manifiestan a favor del sistema de voto voluntario.
Si queremos tomarnos en serio la desconfianza que existe en nuestras instituciones, aboquémonos a reformas que se hagan cargo del fondo del asunto. Famosa a estas alturas es la frase «dejemos que las instituciones funcionen». Pero precisamente se han revelado ciertas fallas en el funcionamiento de dichas instituciones. Una de las fallas involucra la corrupción, cuya percepción en nuestro país ha crecido mucho en el último tiempo. Otro aspecto dice relación con la calidad de los servicios que el Estado entrega a los ciudadanos. Y aquí hay mucho por avanzar. Un ejemplo: la incorporación del uso de tecnologías para mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad de la gestión y atención de los servicios públicos—como se ha hecho en países como Canadá, Nueva Zelanda y Australia.
Es altamente probable que a finales de octubre nos encontremos con políticos y analistas llamando a reponer el voto obligatorio. Ojalá que la discusión no se quede en soluciones parches para un problema complejo. Si queremos revertir la profunda desconfianza institucional de los chilenos examinemos y mejoremos el desempeño de nuestras instituciones.
