El desafío va más allá de simplemente aumentar las cotizaciones en un 6%; es esencial fomentar un mercado laboral formal más robusto y duradero durante toda la vida laboral. Ahí se encuentra el meollo de la deuda que urge.
Con una audaz maniobra, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ha tomado una decisión determinante al definir la fórmula ‘3+3’, alineándose con las propuestas de la DC, el PDG y los Demócratas, y enviando un claro mensaje a la oposición: tras más de un año en suspenso, la reforma de pensiones cobra impulso.
Este avance se concretó con su aprobación en la Comisión de Trabajo, superando así el primer obstáculo legislativo. La estrategia, calificada de ‘aplanadora’ por la oposición, continúa su camino en la Comisión de Hacienda y se prepara para enfrentar su prueba más difícil: el Senado, donde no están los votos. Pero, ¿Cuáles son los detalles de esta cuarta modificación al plan?
La reciente propuesta legislativa, entre otros temas, especifica una nueva redistribución del 6% adicional de las cotizaciones previsionales. De este porcentaje, un 3% nutrirá un fondo colectivo -principalmente de reparto-, el cual busca establecer una garantía de 0,1 UF por año cotizado para los actuales pensionados, fomentando la solidaridad intergeneracional similar a la Pensión Garantizada Universal (PGU). No obstante, a diferencia de la PGU que se financia con rentas nacionales, esta solo será costeada con los salarios de los trabajadores formales.
El 3% restante, destinado a la capitalización individual, tiene su propia formula: un 2,1% irá directamente a las cuentas de los cotizantes y el 0,9% restante se distribuye a todos por igual, ideado para que quienes más ganan apoyen con sus cotizaciones a los de menores ingresos.
La presentación de la nueva propuesta gubernamental vino acompañada de un informe que actualiza dos indicadores fundamentales para evaluar integralmente el sistema de pensiones: los montos de las pensiones recibidas por los jubilados y las tasas de reemplazo, definidas como el cociente entre la pensión percibida y el ingreso laboral previo al retiro. El informe indica que, tanto para el sistema de pensiones actual como para los sistemas propuestos, es crucial considerar dos aspectos, que son la capacidad de suavizar el consumo al pasar de la vida laboral activa a la jubilación, y la eficacia en la reducción de la pobreza entre los jubilados.
Actualmente, ¿Cómo se sitúa Chile? La pensión autofinanciada mediana es de $73.705, lo cual representa un 17% del último salario bruto percibido por los trabajadores antes de jubilarse. Con el enorme apoyo fiscal extra -equivalente a un punto del PIB- destinado a la Pensión Garantizada Universal (PGU), el monto promedio de la pensión se eleva a $278.535, aumentando la tasa de reemplazo al 63%. Para el quintil más bajo, esta tasa asciende a 172%, cifra que se equipara con la línea de pobreza.
Para tener una idea, la tasa de reemplazo en la OCDE es del 64% para un trabajador de bajos ingresos. No obstante, es imprescindible señalar que estas cifras promedio esconden desigualdades notables, particularmente en las pensiones autofinanciadas, donde la brecha de género es significativa, reflejando así las diferencias de salarios y participación laboral en el mercado de trabajo.
Las próximas etapas legislativas deberán concitar los urgentes consensos en esta postergada reforma en un contexto diametralmente diferente al pasado. Actualmente, con el enorme esfuerzo fiscal extra de la PGU —equivalente ha haber incrementado en 5 puntos porcentuales las cotizaciones para ser destinadas exclusivamente al reparto— surge la pregunta: ¿es acertado destinar 3 puntos más de impuesto al trabajo a reparto, cuando más de un millón de personas carecen de empleo y un tercio no está en el sector formal, lo que podría dificultar aún más su participación?
Además, se plantea la cuestión de si resulta justo priorizar el aumento de las pensiones para los jubilados actuales a costa de reducir las tasas de reemplazo de los futuros pensionados. Según la propuesta del Ejecutivo, se alcanzarían tasas de reemplazo del 73%, pero para los trabajadores que financien este incremento, cuando llegue su momento de jubilarse, la tasa disminuiría a un 62%. Este esfuerzo financiero del reparto recaería no solo en la clase más acomodada sino, una vez más, en la clase media. Esto a diferencia de un esquema 100% de capitalización individual, donde esto no ocurre, pero tampoco lo resuelve para la clase media alta hoy.
Desafortunadamente, el debate público en los últimos años se ha centrado en una lucha entre ganadores y perdedores, en la que quien acumule más de los 6 puntos en disputa será el vencedor. Sin embrago, el fin debería ser el mejoramiento de las pensiones para facilitar una transición fluida de la vida laboral a la jubilación sin pobreza de por medio, beneficiando de igual manera a los pensionados actuales como a los del futuro. En este contexto, este debate pierde relevancia.
Sería más constructivo buscar un beneficio sostenible que equilibre las tasas de reemplazo para todas las generaciones, considerando la nueva dinámica introducida por la PGU. Lamentablemente, no se puede alcanzar esta meta mediante enfoques del todo o nada centrados en cómo se distribuye el 6%. Si realmente queremos cerrar este largo debate que nos tiene entrampados, la solución políticamente realista podría residir en aceptar -pero también en reducir- el beneficio del reparto, que exige concesiones de todos.
Además, resulta vital enfrentar una cuestión hasta ahora descuidada: el imperativo de aumentar el ahorro para la jubilación. El desafío va más allá de simplemente aumentar las cotizaciones en un 6%; es esencial fomentar un mercado laboral formal más robusto y duradero durante toda la vida laboral. Ahí se encuentra el meollo de la deuda que urge abordar.
