La vida de miles de familias fue fuertemente afectada por la catástrofe natural de hace un año. La recuperación no ha sido ni será fácil para ellas. Sabían que ello sería así desde el momento en que el día comenzó a aclarar y la extensión de los daños provocados por el terremoto y maremoto se hicieron más evidentes. También deben haber sospechado que los avances en la reconstrucción iban a ser irregulares y menos rápidos de los que las nuevas autoridades en algún momento especulaban. La inexperiencia en los asuntos de Gobierno las hacía ignorar las dificultades de movilizar a un Estado que en muchas áreas carece de las capacidades suficientes para atender de modo efectivo y en plazos razonables las demandas ciudadanas.
Sin embargo, difícilmente podían haber anticipado que el debate político iba a estar tan centrado en la velocidad con la que se recupera el país de este trágico episodio. Sobre todo, teniendo en mente que es difícil establecer indicadores y estrategias referenciales que puedan ayudar a la evaluación de un proceso de estas características. Hay factores que explican esta situación. Por una parte, un convencimiento inicial del nuevo oficialismo, que se acercaba a la arrogancia, de que poseía mejores capacidades de lidiar con las tareas de Estado, incluidas la reconstrucción, que la coalición saliente. Obviamente un argumento que era resistido por esta y que ha alimentado un debate permanente respecto de la veracidad de esta afirmación. ¡Qué mejor escenario para verificarla que el proceso de reconstrucción! Así, el Gobierno se autoimpuso salir al pizarrón en un ámbito que, por la magnitud de la tarea comprometida, la facilidad con la que se pueden cometer errores y las dificultades de establecer indicadores objetivos de progreso, es difícil salir bien.
Por otra parte, la Concertación incapaz de articularse políticamente, por las complejidades que ello reviste para una coalición tan diversa que ya no tiene las responsabilidades del poder, le resulta más fácil hacerlo en torno a temas sin connotación ideológica, pero que tienen posibilidades de afectar la imagen del Gobierno. Es una forma reducida de hacer política, algo que en su momento tanto cuestionaron en sus adversarios, particularmente en la campaña presidencial de 1999. Pero no por eso menos efectiva, sobre todo, mientras no puedan acordar un camino político común. Claro que adquiere ese carácter más por el castigo que propina al Ejecutivo antes que por su capacidad de proyectarse en el futuro. El aumento en la desaprobación al Gobierno no le rinde ningún fruto y todo indica que sus posibilidades de volver al poder en marzo de 2014 son ahora menores que hace un año.
Es indudable que la reconstrucción tiene que ser parte del debate político, pero cabría esperar que fuera un ingrediente más de una discusión más amplia y con altura de miras. Después de todo la política aspira a mejorar las condiciones de vida de la población y para lograr ese objetivo difieren los enfoques y las prioridades. Las diferencias entre las coaliciones deberían quedar más claras para la población. El Gobierno pretende que este año quede plasmada de mejor manera, a través de diversas iniciativas legales, su propuesta para el país. Es una invitación a enriquecer el debate político. Ambas coaliciones, sin olvidar el desafío de la reconstrucción, deberían desplegar sus mejores argumentos para defender sus posiciones y convencer a la ciudadanía de las bondades de sus posturas. No sólo porque este ejercicio puede definir la suerte de ambas coaliciones en las elecciones de los dos años próximos, sino porque es el mejor homenaje que ellas podrían brindarle a esos miles de familias que tanto sufrieron y siguen sufriendo con esa catástrofe que nos remeciera hace justo un año.
