«Si no se transforma en una agenda integral de mediano y largo plazo, la modernización del Estado volverá a esperar al próximo escándalo, y el aparato público seguirá cambiando a pedazos.»
Publicada en La Segunda.
La modernización del Estado suele desaparecer de la agenda pública porque parece ajena a la contingencia. Cuando reaparece, casi siempre lo hace de la mano de un escándalo de corrupción, derivando en un aparato público que se moderniza por partes y al ritmo de las crisis.
El programa de José Antonio Kast no incluía compromisos en esta materia, y sus primeros meses de gobierno estuvieron marcados por la “urgencia de la emergencia”. Por eso sorprende que haya creado dos comisiones que no respondieron a ningún escándalo. Una revisa el Estatuto Administrativo y la otra la estructura ministerial y el Sistema de Alta Dirección Pública. Es una señal valiosa, porque muestra que el tema puede abordarse sin un escándalo de por medio. No obstante, ambos mandatos dejan fuera asuntos importantes.
Reformar el Estatuto Administrativo es necesario. Sin embargo, quienes se rigen por él son cerca de un tercio de los asalariados del sector público. Quedan fuera los funcionarios municipales, los servicios con estatutos propios y una parte relevante del personal que se rige por normas especiales, como el Estatuto Docente y el Estatuto Médico. Una reforma del empleo público que deja fuera a dos tercios de sus trabajadores difícilmente cambiará la forma en que el Estado gestiona a su personal.
Algo similar ocurre con los ministerios. Chile es el país de la OCDE que más ha aumentado el tamaño de su gabinete, mientras la tendencia en las últimas dos décadas ha sido fusionar antes que crear. Ese giro responde a un cambio de enfoque, desde la especialización de funciones propia de la nueva gestión pública hacia una mirada del gobierno como un todo. Con ello, lo decisivo no es el número de carteras, sino resolver los problemas de coordinación y eficiencia dentro de cada institución y entre ellas. De poco sirve reducir ministerios si esos problemas persisten.
Por eso, desde el CEP propusimos 60 medidas en diez ejes. Además de la arquitectura estatal, el empleo público y la Alta Dirección Pública, abordan descentralización, transparencia, gasto público, educación, salud, vivienda, justicia y empresas públicas. La razón es simple: es en esas áreas específicas donde las personas se relacionan con el Estado y donde la ineficacia del aparato público más se resiente.
El Gobierno tuvo el mérito de poner la modernización en la agenda sin necesidad de una crisis de corrupción. Esa oportunidad es escasa y no debiera agotarse en dos comisiones. Si no se transforma en una agenda integral de mediano y largo plazo, la modernización del Estado volverá a esperar al próximo escándalo, y el aparato público seguirá cambiando a pedazos.



