Actualmente, está en el Congreso un proyecto de ley que busca expandir el giro de la Empresa Nacional de Combustibles (ENAP) para que pueda participar en el sector eléctrico. Si no se aumenta la capacidad de generación de base peligra el objetivo de bajar el precio final de la electricidad a los consumidores en un 25% para el año 2017, establecido en la Agenda de Energía. Esto explica la preocupación del Ejecutivo por viabilizar estas inversiones.
Sin embargo, el proyecto presentado parece ineficaz para resolver los problemas existentes e incluso corre el riesgo de dificultar aún más la inversión que pretende incentivar.
El gobierno justifica la iniciativa legal diciendo que la baja inversión responde a la incertidumbre derivada tanto de acciones administrativas como judiciales que los proyectos enfrentan como resultado de la oposición de quienes tendrían que compartir el territorio con sus instalaciones.
Este mayor riesgo, se argumenta, puede ser enfrentado por ENAP en mejor forma que por los privados, pero no existe evidencia sobre la validez de esta afirmación.
Es posible que la autoridad tácitamente asuma que los proyectos de empresas estatales recibirán un trato preferencial por parte de la población así como de las instancias administrativas y judiciales, lo que les permitiría concretarse con mayor facilidad.
Si hubiese trato especial de parte de la autoridad medioambiental o judicial, ENAP podría encontrarse en serias dificultades para luego transferir el control de las generadoras a privados, lo que el Ejecutivo ha señalado como su intención repetidas veces.
Por otra parte, hechos recientes sugieren que ENAP no tiene un mejor registro con las comunidades locales que las empresas privadas, por lo que no hay razón para pensar que enfrentará un menor nivel de oposición desde las comunidades.
Esta oposición, dice la autoridad, puede resolverse presentando los proyectos en fase temprana a la población local, antes que los detalles de diseño estén resueltos y cuando la participación ciudadana aun permita solucionar conflictos. Sin embargo, el articulado propuesto no obliga en forma alguna a ENAP a actuar de esta manera.
El ingreso de ENAP a la generación podría desincentivar el que otras generadoras se cambien a operar con gas natural. Si se inicia el proceso para vender capacidad de regasificación en el terminal GNL Quintero como una forma de aumentar la disponibilidad del energético para otras termoeléctricas, esto obligaría a estas empresas a considerar suscribir un contrato de largo plazo con ENAP, empresa con la que deberán luego competir aguas abajo en el mercado eléctrico. El riesgo potencial para las firmas es evidente: nadie quiere tener que comprar un insumo imprescindible a su competencia.
El realismo del segundo tiempo sugiere centrarse en resolver los problemas existentes y no dedicarse a agregar otros. Por ello, es aconsejable abandonar esta iniciativa y reemplazarla por otras más pertinentes.
