El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama es solo la punta visible de un inmenso iceberg de desafíos estructurales. Un paro de más de 80 días que no solo ha conculcado a treinta mil niños su derecho a la educación, sino que también sacó a la luz las deficiencias de la Nueva Educación Pública, la reforma insignia del segundo gobierno de Bachelet. Iniciativa que busca transferir la gestión de 345 municipios a 70 nuevos SLEP en cerca de una década. No obstante, este revés ha llevado al Poder Legislativo a congelar su avance, manteniendo a solo 11 SLEP en funcionamiento y dejando a otros cuantos en vilo.
Las deficiencias, ya señaladas durante la discusión legislativa y subrayadas anualmente por informes del Consejo Evaluador, se han intensificado según una sombría revelación. Los recientes 24 informes de la Contraloría desenmascaran un sistema en descalabro: escuelas funcionando sin las certificaciones requeridas, millones en recursos sin revisión y procedimientos disciplinarios eternos, algunos sobre la vulneración de derechos de menores. Entre los casos más llamativos se encuentra la emisión indebida de gift cards destinados a egresados que ya no pertenecen a la comunidad, dilapidando $124.815.526 reservados a acciones de retención de alumnos. La indagación de los 86 hallazgos de las auditorías revela una realidad: las deficiencias son sistémicas en los SLEP, propagándose más allá de Atacama (Izquierdo y Pacareu, 2023). A pesar de esto, el ministro Cataldo con su audaz rúbrica ha incluido 212 escuelas y 54 jardines en 4 nuevos SLEP. Arriesgada decisión que no solo enfrentará un especial escrutinio del Congreso, sino también el de la Contraloría dirigida por Dorothy Pérez.
Preocupantes cifras del Simce 2022 indican que el 48% de los estudiantes de cuarto básico de bajos ingresos no cumple con los estándares mínimos en lectura y un 45% en matemáticas. En media, la situación es más grave aún, con un 70% y un 54% respectivamente. Ante esta situación, y dado que dos tercios de estos estudiantes asisten a escuelas municipales o a SLEP, es esencial realizar una revisión completa de la ley de desmunicipalización para lograr mejores rendimientos de los SLEP, los cuales, hasta la fecha, no han evidenciado progresos o incluso han experimentado declives en el ámbito educativo (Arzola, Rowland 2023).
No es cuestión de regresar a la era problemática de la educación municipal. Necesitamos abordar la reforma con una estrategia integral, que trascienda los arreglos superficiales y la modifique de manera profunda, aprendiendo de los errores ya ampliamente diagnosticados y lamentablemente experimentados.
Nos encontramos en un punto decisivo. La lenta implementación genera una incertidumbre dañina, y persistir en los errores no solo compromete a los estudiantes, sino que también menoscaba la ya vilipendiada legitimidad de la reforma. Alcanzar este equilibrio es complejo, y la tarea se intensifica al añadir la armonización entre los aspectos administrativos y pedagógicos. Sin embargo, lo que resulta evidente es que, más allá de las inclinaciones políticas, se requiere de muchas indicaciones legislativas precisas y efectivas para desenredar este grave entuerto de una vez por todas.
