Sin desmerecer el avance que ha habido, hoy debemos velar porque sea sustentable en el tiempo.
Los últimos resultados de la Encuesta CASEN son positivos en cuanto a que se ha logrado una significativa disminución de la pobreza en comparación con 2017, retomando así la tendencia descendente de las últimas tres décadas. Esto nos permite esperanzarnos con que podremos recuperar aquel Chile que se ha destacado por combatirla exitosamente, preocupación que si bien parece básica para los avances del siglo XXI, es muy latente actualmente (Encuesta CEP, 2023).
¿Cómo logramos reducir casi un 40% el nivel de pobreza en un par de años? El factor clave detrás de esta disminución ha sido la intervención estatal mediante el aumento de subsidios monetarios. Esto es especialmente evidente en el caso de los hogares con menores ingresos. En comparación con 2017, los subsidios crecieron en un 60%, mientras que los ingresos autónomos disminuyeron en un 43%. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad estos hogares, que fueron fuertemente afectados por la crisis sanitaria, no han logrado recuperarse a los niveles previos a la pandemia.
Este aumento de subsidios a los hogares más vulnerables se produjo en un año de importantes ajustes fiscales, después de una expansión del gasto sin precedentes para hacer frente a los efectos de la pandemia. Ante recursos escasos, es destacable la correcta focalización de los aportes para brindar ayuda a las familias que más lo necesitaban, cuya situación económica era más desfavorecida. Algunos subsidios relevantes para explicar este resultado, como el Aporte Canasta Básica y el Bono Chile Apoya Invierno, se dirigieron hacia hogares de bajos ingresos, y en algunos casos, favoreciendo a aquellos con necesidades adicionales debido a discapacidad y/o edad, entre otros. Esta noticia es alentadora, en cuanto a que vuelve a resaltar la eficiencia en el uso de los limitados recursos del Estado.
Pero como dice un refrán, “no todo lo que brilla es oro”. Como se indica más arriba, detrás de este aumento de subsidios a los hogares más vulnerables se esconde la dificultad que han tenido para recuperar sus ingresos, lo cual debe ser motivo de preocupación para la política pública. La aspiración debiera ser favorecer la autonomía económica y la satisfacción de salir adelante por los propios medios. Esta situación no es sorprendente, considerando que los niveles de empleo y participación laboral no se han recuperado completamente respecto a la situación prepandemia, tal como indican los resultados de la encuesta CASEN.
En esta línea, los trabajadores de menores ingresos son los más afectados por esta situación. Esto se refleja no solo en los menores ingresos autónomos en comparación con la situación prepandemia, sino también en un empeoramiento de la desigualdad en base a los ingresos autónomos. De hecho, el índice entre el 10% más rico y el 10% más pobre aumentó de 26 a 43, lo que evidencia claramente la menor capacidad de los primeros para generar ingresos autónomos en comparación con el decil más rico.
Por lo demás, y como todo promedio, los resultados “ocultan” diversas realidades. Las cifras no son uniformes en todo el país y se observa una situación preocupante en la macrozona norte. En ella, la pobreza por ingresos se ha mantenido o incluso ha aumentado en comparación con 2017, especialmente en las regiones de Antofagasta y Tarapacá. Esta última región experimentó la mayor caída de ingresos en los trabajadores con menores ingresos durante la pandemia, y hasta el momento, la pobreza no ha disminuido significativamente. Además, en toda la macrozona norte no se observó una reducción de la pobreza multidimensional, a diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional.
Todo esto nos debe llevar a reflexionar sobre la necesidad de implementar políticas para fortalecer nuestro debilitado mercado laboral y brindar apoyo a nuestros trabajadores para que puedan insertarse y contribuir de manera exitosa en él, atendiendo las diferentes realidades regionales. A pesar de que disminuyó la cantidad de personas en pobreza multidimensional, la dimensión de trabajo y seguridad social continúa siendo el principal factor que contribuye a que los hogares se encuentren en esta situación. La falta de seguridad social, vinculada a los elevados niveles de informalidad laboral, y la escasez de oportunidades de empleo, son las principales carencias que afectan al 28,5% y 10,7% de los hogares, respectivamente.
Sin desmerecer el avance que ha habido, hoy debemos velar por que sea sustentable en el tiempo. Así, el desafío pareciera estar en crear más y mejores empleos, tomando en cuenta además, que es el crecimiento económico el que permite hacer sostenible el financiamiento de las acciones para combatir la pobreza. Aún queda mucho por avanzar.
