La autonomía e independencia es una característica necesaria e imprescindible para una entidad de la naturaleza del Consejo Fiscal Autónomo.
En medio de la acalorada agenda política, la semana pasada se dio un paso sustantivo en una reforma que cambiará para siempre la manera de velar por la administración de nuestros recursos fiscales. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, el proyecto de ley que crea el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Si bien todavía faltan etapas en su tramitación legislativa, esta es una excelente noticia que, en el fragor de la contingencia, ha pasado prácticamente desapercibida.
El texto aprobado consagra un consejo especializado para el escrutinio independiente y estricto de nuestras cuentas fiscales. Sus cinco integrantes serán ratificados por el Senado, y la presidencia del CFA será definida por el Presidente de la República, quien, emulando el ejemplo del Banco Central, deberá elegir entre los consejeros integrantes. Estos últimos estarán por cinco años en sus cargos y serán renovados a razón de uno por año. Esto asegura su autonomía y continuidad en el tiempo, más allá del ciclo político y de los cambios de gobierno.
La autonomía e independencia es una característica necesaria e imprescindible para una entidad de esta naturaleza. El actual consejo fue creado por decreto el año 2013 y no posee ninguna de estas características. Es solo un consejo asesor. De hecho, no debemos olvidar que en abril de 2014 el gobierno entrante, a solo un mes de haber asumido, decidió reemplazar a todos sus integrantes.
La nueva forma de estructurar el CFA constituye un avance sustantivo. Como abiertamente lo reconoció el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, ante la Cámara de Diputados, esto habla bien del Gobierno y del ministro de Hacienda. El objeto y la conformación del nuevo CFA implican ceder poder a cambio de una institucionalidad permanente que vele por la sostenibilidad fiscal en el largo plazo. Esto también habla bien del trabajo de los diputados, que acogieron la propuesta, la evaluaron en su mérito y contribuyeron a su perfeccionamiento. Y habla bien de la sociedad civil y de los think tanks que participaron activamente en la discusión, aportando visiones complementarias. En definitiva, debemos felicitar la iniciativa del Ejecutivo y celebrar el proceso de deliberación que ha llevado a cabo la Cámara de Diputados.
También de manera desapercibida, algo similar se está incubando en el recientemente convocado Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado. Esta es una tarea de largo aliento que debería trascender al gobierno de turno; de ahí su carácter permanente. Requiere, por lo mismo, de miradas transversales, que logren consensos y apoyos resueltos y tenaces.
A los avances institucionales en el pasado con la Alta Dirección Pública y en materia de transparencia, se suman los esfuerzos de la sociedad civil para modernizar nuestro gran Leviatán. Baste recordar el Consorcio para la Reforma del Estado (2009), las Propuestas del Grupo Res Pública Chile (2013) y la reciente Comisión de Modernización del Estado del CEP (2017), entre otros.
Por de pronto, este nuevo Consejo Asesor Permanente está integrado por un grupo de alta calidad profesional, experiencia e independencia, presidido por el ex contralor Ramiro Mendoza, quien conoce muy de cerca los desafíos que implica esta tarea. Es primera vez que un gobierno abre proactivamente una ventana desde La Moneda para enfrentar la tarea de mejorar nuestro Estado y acercarlo a la ciudadanía. Esta es otra gran oportunidad que merece reconocimiento.
En un Chile impaciente que se ha acostumbrado a la crítica y a la desconfianza, donde a ratos el calor de la contingencia reemplaza la sensatez republicana, es sano reconocer que se están dando pasos importantes en la dirección correcta. Estas señales ciertamente aportan una cuota de optimismo para nuestra institucionalidad de largo plazo.
