“Sabiendo cómo actúa Miraflores, el Gobierno de Chile no va a obtener nada de Caracas. Por eso fue un error firmar el convenio”, afirma.
Carolina Valdivia no se muestra sorprendida frente a la crisis que enfrenta Chile con Venezuela. Estima que ya había señales claras desde ese régimen que hacen “justamente lo contrario a lo que pactan”.
La investigadora del Centro de Estudios Públicos tiene una amplia experiencia en materia internacional.
Como abogada fue directora general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, coordinadora ejecutiva en el seguimiento del caso de Chile con Bolivia en La Haya y más tarde se convirtió en subsecretaria de Relaciones Exteriores.
– Después de que el canciller de Venezuela Yván Gil negó la existencia del Tren de Aragua, ahora señala que entregarán colaboración a Chile para el esclarecimiento del crimen del refugiado político Ronald Ojeda. ¿Qué le parece?
Ni las palabras ni los compromisos de Venezuela son creíbles. Mire cómo han actuado frente al acuerdo de Barbados, haciendo justamente lo contrario a lo que pactaron. Imagino un espacio de pseudo colaboración, en el que el régimen por alguna razón quiera mantener fuera de sus fronteras a alguno de los inculpados en el caso del teniente Ojeda. Pero convengamos en que no sería precisamente para colaborar con Chile.
Una de las cosas que llaman la atención de Valdivia ante la polémica que se ha generado con Venezuela es el acuerdo celebrado en enero entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de Chile, y el de Poder Popular para las Relaciones Interiores, de ese país, que buscaba compartir información de seguridad.
A la luz de lo que ha planteado el Gobierno respecto a que no se ha designado una contraparte desde Caracas y que no se ha compartido ningún tipo de información, Valdivia muestra sus reparos.
Según explica la abogada, todavía no hay claridad respecto de qué se perseguía al tiempo de firmar el convenio de seguridad con Venezuela. “Si el objetivo era encontrar fórmulas para que Venezuela aceptase la repatriación de sus connacionales expulsados judicial o administrativamente, existían otras vías, menos expuestas para el Gobierno, para lograr ese mismo cometido”, afirma.
En ese sentido, afirma que dado que no se ha logrado establecer un funcionamiento fluido para las repatriaciones de venezolanos ni tampoco ha mejorado la comunicación política entre los gobiernos, sino que al contrario parece haber empeorado, “estimo que fue un error firmar ese acuerdo. Chile, hasta ahora, no ha conseguido nada más que arranques ofensivos desde Caracas”.
– ¿Qué le parece que desde el Gobierno digan que van a mantener el acuerdo porque así pueden exigir entrega de información?
El Gobierno ha dado a entender, en conformidad a lo que además señala la ley de modernización de la Cancillería, que se trataría de un acuerdo interinstitucional. Ese tipo de acuerdos no generan obligaciones conforme al derecho internacional, pues son compromisos de carácter político cuyo cumplimiento descansa sobre la mera voluntad de las partes. Entonces, el Gobierno de Chile carece de instrumentos para exigir entrega de información. Por ende, es un sinsentido indicar que se va a mantener el acuerdo para exigir la entrega de la información.
– ¿Qué alcance tiene el llamado en consulta al embajador Jaime Gazmuri?
El llamado en consulta es una medida que prevé la diplomacia para manifestar molestia con las acciones de un país con el que se tienen relaciones diplomáticas.
– ¿Qué otras medidas podrían adoptarse?
Se podría enviar una nota de protesta o algún otro documento diplomático dando cuenta de los antecedentes que existen en Chile respecto del Tren de Aragua, solicitando información de esas personas. Pero, sabiendo cómo actúa Miraflores, el Gobierno de Chile no va a obtener nada de Caracas. Por eso fue un error firmar el convenio, por eso el restablecimiento del embajador de Chile no traerá ninguna ventaja a nuestro país. Estamos ante una dictadura que tiene aliados poderosos, por lo que lo que diga o deje de decir Chile, les tiene sin cuidado.
– Luego de las declaraciones del canciller Gil y con las revelaciones sobre el caso Ojeda hay quienes piden retirar al embajador o incluso romper relaciones diplomáticas…
Romper relaciones diplomáticas sería un fracaso absoluto para un gobierno progresista, pues significaría terminar sin vínculos con dos Estados de la región (el otro es Bolivia), supuestamente cercanos política e ideológicamente. Retirar al embajador me parece una medida más adecuada, pero mostraría que la reposición de nuestra embajada en Caracas fue un grueso error de cálculo. Con Venezuela no ha habido ni habrá cooperación, pues Caracas carece de cualquier tipo de incentivos para buscar mejorar la relación con Chile. Los temas migratorios debieron abordarse una manera menos expuesta y menos mediática, sin involucrar directamente a las autoridades políticas en Chile.
– ¿Que se llegue a la conclusión desde el Ministerio Público que hay móvil político en el asesinato de Ronald Ojeda podría permitir que el Estado de Chile recurra por ejemplo a tribunales internacionales?
Sí, en teoría podría permitirlo. Pero habrá que buscar una cláusula jurisdiccional que conceda competencia a algún tribunal internacional. Recordemos que Venezuela se retiró de la OEA, no forma parte del sistema interamericano. Tampoco ha ratificado el Pacto de Bogotá ni ha hecho la declaración del Artículo 36 del estatuto de la Corte Internacional de Justicia concediéndole jurisdicción. De esta forma, tendríamos que buscar algún tratado atingente a la materia, en que tanto Chile y Venezuela se hayan comprometido a resolver las diferencias por la vía de un tribunal internacional.
– Si se prueba el móvil político, ¿es una razón para romper relaciones diplomáticas?
Por supuesto. Pero, insisto, la ruptura de relaciones diplomáticas es una medida de última ratio y enteramente excepcional. De producirse conllevaría dos grandes dificultades para Chile. Por un lado, un fracaso para el Gobierno en materia de política exterior, pues llevaría a terminar sin relaciones diplomáticas con dos países de la región, un área históricamente prioritaria para nuestro país. En segundo lugar, se entorpecerían todas las acciones que el Gobierno debe buscar para lograr frenar y encauzar la crisis migratoria. Probablemente se detendrían por un tiempo largo las expulsiones de venezolanos, pues Caracas jugaría con los tiempos, con los permisos y otros. Y además careceríamos de información respecto de qué está sucediendo en Venezuela, qué conexiones existen, cuáles son las derivadas de la dictadura, entre otros.
– Después de varios años se repuso tener embajador en Venezuela. Pero antes de un año de la designación tiene que volver a Chile en consulta. ¿Fue precipitado poner de nuevo a un embajador en ese país?
Así es, fue precipitado y probablemente decidido sin tener todos los elementos de análisis sobre la mesa. Conociendo la trayectoria del régimen venezolano, era previsible que Venezuela no cumpliría con ningún tipo de acuerdo, ni tampoco se vería compelida a respetar las reglas de democracia o del respeto a los DD.HH. por el hecho que Chile tuviese el gesto de elevar su representación diplomática. La crisis migratoria tampoco era un factor determinante para reponer al embajador, pues sin ese cargo igualmente durante el gobierno anterior se logró concretar más de diez vuelos a caracas con expulsados judiciales y administrativos. Eso se hace con gestión, planificación y trabajando silenciosamente. No se requiere tener a un embajador para ello.
– El diputado Daniel Manoucheri (PS) llamó a prohibir el ingreso de venezolanos en los próximos dos años y restringir los envíos de dinero desde y hacia Venezuela. ¿Qué le parece?
Son palabras para la galería sino se acompañan de medidas concretas. Prohibir el ingreso, ¿cómo? Si la gran mayoría de los inmigrantes venezolanos lo hace por pasos no habilitados donde el Estado no tiene el control. Además, la mayoría de esos ingresos se hace desde la frontera con Bolivia, país con el que el gobierno tampoco ha logrado establecer ningún tipo de colaboración migratoria. Las restricciones al envío de dinero podría ser una alternativa para hacer más dificultoso el proceso de remesas y por esa vía desincentivar el avecindamiento de venezolanos en Chile. Pero tendría que compatibilizarse con una serie de normas internas así como de compromisos internacionales, sin que podamos descartar que una regulación de esa naturaleza sea desafiada ante tribunales.
